Un grupo numeroso de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, planea la formación de una caravana cuyo punto de partida ha sido programado para el 1 de octubre de 2025, con destino a la Ciudad de México. Esta iniciativa nace de manera espontánea ante la lentitud y falta de respuesta por parte de las autoridades migratorias mexicanas, además de la ausencia de oportunidades laborales en la región.
La mayoría de los migrantes afectados provienen de países como Cuba, diversas naciones de Centroamérica y Sudamérica, así como de África. Estos grupos llevan meses realizando trámites ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración sin obtener resoluciones. Durante este tiempo han enfrentado condiciones precarias, discriminación, explotación laboral y deficiencias en la atención institucional. Han emergido denuncias acerca de corrupción y la venta ilegal de documentos migratorios a costos elevados, lo que agrava su vulnerabilidad.
Los organizadores de esta movilización esperan que al arribar a la Ciudad de México puedan acceder a una atención migratoria más humanizada y a mejores oportunidades laborales. Además, buscan visibilizar su situación ante las autoridades federales para sensibilizar sobre sus demandas. La caravana se concentrará en espacios públicos de Tapachula donde los migrantes permanecen sin la posibilidad de trabajar debido a la falta de documentación oficial.
Para los participantes, la unión representa una estrategia de protección durante el desplazamiento conjunto, aún conscientes de los riesgos que implica el traslado por las carreteras del país en caravana.
El contexto en Tapachula está marcado también por detenciones de activistas que brindan apoyo a los migrantes, como el caso de Luis García Villagrán, implicado por documentar presuntas irregularidades en los procesos migratorios. Organizaciones civiles han denunciado públicamente la criminalización y precariedad que enfrentan estas personas.
Se estima que decenas de miles de extranjeros permanecen varados en esta ciudad fronteriza, enfrentando la sobrecarga y desatención institucional en temas migratorios.
Esta caravana representa una medida colectiva no solo de presión hacia las autoridades, sino también una búsqueda activa de mejores condiciones de vida y trabajo para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad migratoria.
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