La investigación del caso Iguala, relacionada con la desaparición de los 43 normalistas en 2014, ha arrojado importantes y controversiales avances en torno a la participación del Ejército mexicano. Recientes hallazgos revelan que algunos de los teléfonos celulares de los jóvenes desaparecidos estuvieron bajo control de elementos militares, según se confirmó a través del rastreo de llamadas efectuadas desde esos dispositivos.
Investigadores independientes y familiares de los normalistas han señalado que el Ejército ha mostrado una marcada resistencia para avanzar en la investigación. Se sabe que, tras su desaparición, 17 de los estudiantes habrían sido trasladados inicialmente a la barandilla municipal de Iguala y posteriormente al 27 Batallón del Ejército. Este último lugar se ha convertido en un foco de exigencias para conocer el paradero de los jóvenes y sancionar a los responsables.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado evidencias documentales que indican que, desde antes del 26 de septiembre de 2014, el Ejército implementaba el monitoreo de llamadas y mensajes tanto de policías como de criminales relacionados con Guerreros Unidos, además de las comunicaciones de los propios estudiantes. Esta vigilancia estaba respaldada por tecnologías avanzadas, entre ellas el software israelí Pegasus para interceptar comunicaciones.
Destaca también la figura del coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón en Iguala, quien posteriormente fue ascendido y detenido por cargos vinculados a delincuencia organizada y desaparición forzada. Su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos suma otra capa de gravedad al caso.
Los familiares de los 43 normalistas han denunciado consistentemente que el Estado mexicano, y en particular el Ejército, ha encubierto a delincuentes y manipulado evidencias clave. Se ha confirmado la actividad de llamadas y mensajes en los teléfonos de los estudiantes incluso después de su desaparición, con mensajes que sugieren convenios con grupos criminales.
Además, critican la falta de voluntad política para profundizar en esta línea de investigación, señalando al ex presidente Andrés Manuel López Obrador por no impulsar el esclarecimiento de la posible responsabilidad militar.
Otras pesquisas han corroborado la existencia de comunicaciones coordinadas entre la policía municipal de Iguala y organizaciones delictivas, evidenciando la complicidad en la entrega y desaparición de los estudiantes. Estos hallazgos contradicen las versiones oficiales y aumentan las demandas de justicia y transparencia en este emblemático caso.
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