El Congreso de Oaxaca dio un paso fundamental en la lucha contra la extorsión al aprobar una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para establecer una Ley General contra este delito. Esta decisión sigue la aprobación unánime previa en el Senado de la República y busca implementar una normativa homogénea a nivel federal, que unifique criterios penales, sanciones y mecanismos de prevención, investigación y sanción de la extorsión en todo el país.
La reforma modifica el artículo 73 de la Constitución para otorgar al nivel federal la facultad de crear una ley que cierre vacíos legales, fortalezca la coordinación entre los tres niveles de gobierno y proteja integralmente a la sociedad frente a un delito que presenta un crecimiento constante y que tiene un impacto negativo significativo en la economía y en la seguridad social.
La aprobación en Oaxaca se suma a la favorable respuesta de otros congresos locales, como el de Sinaloa, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco, consolidando una estrategia nacional liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la extorsión en México.
Este avance legislativo es crucial para enfrentar un delito que afecta particularmente al comercio local y los emprendimientos, limitando el crecimiento económico y la seguridad ciudadana.
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