La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha anunciado la expropiación de cuatro predios ubicados en el fraccionamiento Miramar, sumando un total de ocho hectáreas, con el objetivo de edificar la Universidad “Rosario Castellanos”, un centro educativo enfocado en las ciencias de la salud. Esta acción ha generado gran interés y debate en la entidad y a nivel nacional.
Entre las propiedades afectadas por la expropiación se encuentra un terreno perteneciente a Yolanda Mercedes Cárdenas Montero, madre de Alejandro Moreno Cárdenas, conocido líder nacional del PRI y senador. Adicionalmente, dos predios pertenecen a Juan José Salazar, empresario cercano al mismo político. El cuarto terreno está registrado a nombre de Gabriela y Rafael Arturo Castilla Azar, quien actualmente ocupa la titularidad de la Oficina de la Gobernadora en Campeche.
La medida se fundamenta en un dictamen técnico-jurídico emitido por la Secretaría de Gobierno que sustenta la expropiación bajo la causa de utilidad pública, publicada oficialmente en el Diario Oficial del Estado el 29 de septiembre de 2025. Esta acción obedece a una reforma reciente de la Ley de Expropiación local, aprobada el 3 de septiembre de 2025 y coloquialmente conocida como "Ley Alito".
Dicha reforma faculta al gobierno estatal para expropiar terrenos privados que considere de utilidad pública según criterios de la Secretaría de Gobierno, haciendo que el proceso administrativo que respalda la expropiación sea inapelable. Además, limita el plazo para que los propietarios afectados presenten alegatos a solo cinco días hábiles, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la protección de los derechos legales de los dueños.
La reforma ha suscitado críticas por percibirse como una medida dirigida a propiedades relacionadas con Alejandro Moreno y su círculo cercano, lo que muchos califican como un acto arbitrario que restringe el derecho de defensa de los propietarios. Por otro lado, partidarios de la norma defienden su necesidad para impulsar proyectos prioritarios de infraestructura pública y desarrollo social, como hospitales y sedes universitarias, incluyendo la Universidad “Rosario Castellanos”.
Este caso abre un debate importante sobre el equilibrio entre la utilidad pública y los derechos de propiedad, así como la transparencia y legalidad en los procesos de expropiación estatal.
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