El Congreso del Estado de Tabasco y el Congreso de Chihuahua han emitido un exhorto al senador y exgobernador Adán Augusto López Hernández para que solicite licencia y pueda responder ante las autoridades respecto a las presuntas implicaciones en el caso del grupo criminal conocido como La Barredora. Esta petición cobra relevancia en el contexto de la detención de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco vinculado a esta organización delictiva.
Durante el periodo en que Adán Augusto López desempeñó el cargo de gobernador de Tabasco (2018-2024), Hernán Bermúdez Requena fungió como secretario de Seguridad Pública, siendo señalado como líder del grupo criminal La Barredora. Esta organización está vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se le atribuyen actividades ilícitas como robo de combustible, extorsión, secuestro y tráfico de drogas.
Informes de inteligencia de la época identificaron presuntos vínculos criminales entre Bermúdez y otras autoridades estatales, generando un intenso debate político y cuestionamientos sobre las acciones de la administración estatal durante esos años.
A pesar de las acusaciones, Adán Augusto López Hernández ha negado tener conocimiento sobre las actividades de La Barredora durante su gobierno. Defiende su administración destacando la reducción en índices de secuestro y extorsión, y rechaza cualquier pacto con organizaciones criminales, resaltando que el nombramiento de Bermúdez obedeció a criterios institucionales.
Por su parte, legisladores de oposición, principalmente del Partido Acción Nacional (PAN), han criticado al senador por presunta complicidad, exigiendo transparencia y rendición de cuentas ante los señalamientos.
En el Senado de la República, la bancada mayoritaria ha limitado el avance del debate público respecto al caso, frenando las solicitudes para que López Hernández rinda informes o solicite licencia formalmente.
En paralelo, recientes detenciones de integrantes destacados de La Barredora, incluyendo a personas con alta jerarquía dentro del grupo, han incrementado la presión política hacia el exgobernador y actual senador, consolidando el caso como un tema prioritario en la agenda pública y judicial.
Esta situación continúa siendo vigilada por las autoridades y medios especializados, mientras que la ciudadanía exige una respuesta clara y transparente sobre el presunto vínculo entre figuras políticas de alto rango y la actividad criminal organizada.
Para mantenerse informado sobre este y otros temas relevantes en la política mexicana, siga nuestras últimas noticias y análisis.
