El estado de Veracruz, México, se encuentra en una situación crítica debido a la trata y el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado. Diversas organizaciones civiles, entre ellas la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Montesinos (CAM), han emitido un llamado urgente ante esta grave violación de derechos humanos que posiciona a la región como un territorio estratégico y de alto riesgo.

El fenómeno está directamente relacionado con la ubicación geográfica clave de Veracruz, considerada un corredor principal para el tráfico de drogas, armas y personas. La alta presencia de al menos quince grupos criminales en municipios como Minatitlán, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica ha intensificado la disputa territorial y aumentado el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes.

Las investigaciones realizadas por Redim y CAM revelan que el uso de menores por parte de estas organizaciones va más allá del reclutamiento como sicarios o halcones. Se documenta que los niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, trabajo forzado, transporte de drogas y mendicidad forzada, entre otras formas de abuso que vulneran gravemente sus derechos fundamentales.

Ante esta situación, las organizaciones demandan acciones concretas que incluyen la creación de un protocolo especializado para la detección y atención integral de víctimas de trata y reclutamiento forzado. Además, proponen fortalecer los programas preventivos en escuelas y comunidades, capacitar a las autoridades para la adecuada identificación y atención de casos sin revictimizar, y desarrollar un programa estatal integral que involucre la participación activa de la niñez en la elaboración de políticas públicas.

Según informes de UNICEF y expertos en derechos infantiles, el reclutamiento de menores forma parte de una práctica común del crimen organizado debido a la menor imputabilidad legal y los costos reducidos que representan para estas redes delictivas. Sin embargo, la ausencia de cifras oficiales nacionales y la falta de una tipificación clara del delito dificultan la respuesta institucional.

Estas condiciones configuran un escenario preocupante de grave vulneración de derechos para la infancia en Veracruz, que demanda atención inmediata y sostenida para revertir las dinámicas delictivas que ponen en riesgo a la niñez y adolescencia.

Para mantenerse informado sobre este y otros temas relevantes, continúe leyendo más noticias actualizadas y confiables.