El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha decretado la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en todas las escuelas públicas y dependencias estatales desde el 2 de octubre de 2025. Esta medida busca reglamentar y unificar la comunicación oficial y educativa en el ámbito nacional, impactando a más de 5,100 instituciones públicas a nivel país.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, formalizó esta determinación a través de un memorándum que señala la exclusión total de palabras y formas lingüísticas consideradas “deformaciones” como amigue, compañere, niñe, tod@s y jovenesx. Estas expresiones, relacionadas con la ideología de género, quedan vetadas en materiales educativos, documentos oficiales, correspondencia y toda comunicación institucional que emitan las escuelas públicas y dependencias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt).
Según la cartera educativa, esta prohibición pretende consolidar una comunicación clara, uniforme y respetuosa dentro del sistema educativo público, además de proteger a la infancia y adolescencia de lo que consideran injerencias ideológicas en el lenguaje oficial. La ministra Trigueros hizo un llamado a profesores, administrativos y demás personal para que aseguren el cumplimiento estricto de esta normativa y eviten el uso de términos excluidos en cualquier contexto oficial.
Esta nueva regulación se suma a otras políticas recientes instauradas por el presidente Bukele, enfocadas en la educación, como la implementación de normativas estrictas sobre vestimenta y controles de apariencia en las escuelas públicas. La prohibición del lenguaje inclusivo ha suscitado debates y controversias debido a la creciente discusión global sobre los derechos lingüísticos, diversidad, y educación, generando posturas encontradas en la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional.
No obstante, el gobierno mantiene firme su posición de preservar el uso tradicional del idioma español dentro del sistema educativo y evitar influencias que califica como ideológicas en la formación académica de estudiantes públicos.
En definitiva, El Salvador avanza con un veto nacional sobre el lenguaje inclusivo que influirá directamente en la comunicación y materiales educativos oficiales, marcando un cambio significativo en la política lingüística y educativa del país.
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