El contrabando de combustibles, conocido popularmente como huachicol fiscal, ha provocado un daño estimado en 600 mil millones de pesos al erario público mexicano. Esta cifra fue revelada por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, quienes basó su evaluación en los casos reportados y que actualmente se encuentran en proceso de investigación.
De ese total, únicamente 16 mil millones de pesos están contenidos en querellas formales, lo que representa cerca del 2.7 por ciento de la cifra global estimada. El resto de las investigaciones continúa su curso, un proceso que puede extenderse por más de un año debido a la complejidad del caso y la estrecha relación con estructuras de delincuencia organizada que facilitan este tipo de contrabando.
El esquema del huachicol fiscal se basa en la importación de gasolinas disfrazadas bajo la clasificación de otros productos con una menor carga tributaria, lo que permite evadir impuestos y afecta severamente a la hacienda pública. Este fenómeno ha sido caracterizado como un saqueo silencioso que perjudica directamente los ingresos fiscales del Gobierno federal y de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, la Procuradora Fiscal destacó la intervención crucial de los agentes aduanales, quienes hasta ahora han tenido un papel poco visible en estos esquemas y no han enfrentado procesos judiciales pese a su implicación en la entrada de mercancía ilícita.
Asimismo, se subrayó un aumento en la recaudación anual de aduanas superior a los 200 mil millones de pesos, derivado de acciones reforzadas contra el contrabando. En el presente año, las autoridades han confiscado más de 65 millones de litros de hidrocarburo ilegal.
Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron la urgencia de implementar mayores mecanismos de transparencia y dar a conocer con detalle las tácticas utilizadas en el contrabando de combustibles. Según señalaron, solo en 2024 este problema generó pérdidas aproximadas a 170 mil millones de pesos.
Además, criticaron la falta de reportes oficiales que detallen las importaciones ilegales de combustibles, lo que dificulta un combate efectivo y la identificación de los responsables detrás de estas operaciones fraudulentas.
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