El 3 de octubre de 2025 entró en vigor una norma que transforma el traslado de gas licuado de petróleo (LP) en México, con el objetivo de reforzar la seguridad durante su transporte y distribución. Esta regulación establece requerimientos estrictos para los vehículos dedicados a esta actividad, orientados a prevenir accidentes y fortalecer la supervisión en toda la cadena logística.
Entre las principales disposiciones, resaltan la obligatoriedad de instalar controladores de velocidad y sistemas de posicionamiento global (GPS) en los vehículos destinados al traslado de gas LP. Además, los conductores deberán contar con certificación obligatoria que garantice su capacitación especializada, contribuyendo así a una operación segura y responsable.
Los contenedores de gas deberán someterse a pruebas periódicas de hermeticidad e hidráulicas que aseguren su correcto funcionamiento y mantenimiento certificado. Estos lineamientos incluyen plazos diferenciados para su cumplimiento, dando cuatro meses a las unidades más grandes y de mayor antigüedad, mientras que el resto dispondrá de hasta seis meses para adaptarse a la norma.
La implementación de esta norma se complementa con un programa de inspecciones coordinado entre la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Este esfuerzo conjunto busca asegurar el cumplimiento efectivo y prevenir incidentes como el trágico accidente ocurrido recientemente en Iztapalapa, donde la velocidad y el manejo inapropiado estuvieron vinculados a la explosión con 31 víctimas fatales.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Energía ha emitido disposiciones que exigen el uso de sistemas de balizado con códigos QR únicos para cada unidad de transporte. Asimismo, los GPS instalados deberán ser interoperables con plataformas oficiales, facilitando la trazabilidad y supervisión en tiempo real. Estas herramientas tecnológicas no solo buscan aumentar la seguridad, sino también combatir eficazmente el mercado ilícito de combustibles en el país.
La normativa surge como una respuesta directa de las autoridades federales y locales, incluyendo a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, quien ha enfatizado la urgencia de reforzar la regulación tras el accidente en el Puente de la Concordia. Este enfoque integral a la seguridad apunta a evitar que se repitan tragedias similares y a proteger tanto a los operadores como a la población en general.
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