¿Qué pasó con las protestas de los productores de maíz en el Bajío? Tras días de bloqueos y manifestaciones en estados clave como Guanajuato, Jalisco y Michoacán, el gobierno mexicano y los agricultores alcanzaron un acuerdo que busca estabilizar los precios y mejorar las condiciones del sector.
Los agricultores han venido exigiendo un precio mínimo justo debido a la caída del 21% en el precio internacional del maíz durante el 2023, lo que ha impactado de manera directa a los productores locales. La situación generó un movimiento masivo de protesta, con bloqueos en vías principales, paralizando el tráfico y generando un clima de tensión social en las regiones productoras.
Entre las principales exigencias, destacó la petición de un precio mínimo de 7,200 pesos por tonelada para garantizar la viabilidad económica de sus cultivos. Además, solicitaron mayor apoyo para el sector agrario, la exclusión del maíz y otros granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como una revisión profunda de la Ley Nacional del Agua.
El acuerdo firmado la madrugada del 29 de octubre, con la mediación del secretario de Agricultura Julio Berdegué, contempla un subsidio de 950 pesos por tonelada para aproximadamente 90,000 productores del Bajío con parcelas de hasta 20 hectáreas, cubriendo hasta 200 toneladas por productor.
Además, se estableció la creación de un sistema mexicano de ordenamiento de mercado y comercialización del maíz. Este sistema incluye precios de referencia oficiales, acuerdos directos entre productores y compradores, y reglas claras, públicas y transparentes para evitar especulaciones y abusos.
El gobierno ofrecerá créditos preferenciales con una tasa anual del 8.5% para pequeños y medianos productores. Este paso busca impulsar la producción sostenible y garantizar que los agricultores cuenten con recursos suficientes para su labor en el próximo ciclo agrícola.
Este acuerdo marca un avance significativo para el sector agrícola en México, especialmente para los productores del Bajío, una de las regiones más importantes en la producción de maíz. La implementación efectiva de estos compromisos será clave para mejorar la estabilidad económica y social en las comunidades rurales.
El diálogo entre el gobierno y los agricultores refleja la importancia de buscar soluciones conjuntas ante los retos del campo mexicano, un sector vital para la seguridad alimentaria nacional y la economía regional.
El futuro del maíz en México se juega en torno a estos acuerdos y políticas públicas claras. Continúa informado y forma parte de la conversación sobre la agricultura mexicana en nuestra sección dedicada al campo y la economía rural.
