¿Qué pasó en el sistema judicial de Venezuela? La doctora Marggie Xiomara Orozco Tapias ha sido condenada a la pena máxima de 30 años de cárcel por haber enviado un audio a través de WhatsApp. El mensaje, difundido en un grupo de vecinos en el estado Táchira, criticaba la gestión de Nicolás Maduro y llamaba a votar en su contra durante la campaña para las elecciones presidenciales.
La profesional de la salud, de 65 años, fue arrestada el 5 de agosto, ocho días después de los comicios. Según relató su hijo, Paul Ruiz, la policía se la llevó de su casa con el pretexto de una entrevista, y la familia pasó tres días sin conocer su paradero.
La grabación llegó a manos de simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía. El audio llamaba a los vecinos a "dejar la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos".
El pasado 16 de noviembre, la jueza Luz Dary Moreno Acosta la condenó por los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio. Según testigos, la jueza argumentó que dichos llamamientos "ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir".
Incluso un infarto sufrido por Orozco durante su detención no fue considerado un atenuante. La jueza rechazó la libertad condicional alegando "peligro de fuga" y la posibilidad de que influyera en los testigos del caso.
El caso de la doctora se enmarca en una serie de procesos judiciales contra ciudadanos por ejercer su libertad de expresión. La condena se basó en el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, una norma criticada por organismos de derechos humanos por su vaguedad y por ser utilizada para silenciar voces críticas.
Según la organización Espacio Público, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por motivos similares entre 2021 y 2023. Otros casos recientes incluyen sentencias de 15 años de cárcel para ciudadanos por quejas en grupos de WhatsApp o videos en TikTok.
La condena ha generado críticas a nivel nacional e internacional. Gloria De Mees, relatora para Venezuela de la CIDH, denunció que el caso evidencia "la falta de independencia del sistema de justicia venezolano".
Por su parte, el jurista y ex fiscal Zair Mundaray cuestionó la base legal de la sentencia. "La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora? Y el delito de traición habla de unirse con enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie", explicó.
La situación de los derechos humanos y la libertad de expresión en Venezuela es un tema que genera preocupación en toda la región. Este caso pone de relieve las tensiones políticas que vive el país. Para seguir de cerca los acontecimientos más relevantes del continente, mantente informado en nuestra sección de Latinoamérica.
