
¿Qué pasó en Texas que llevó a la condena de un empresario mexicano por un esquema de sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y Pemex Exploración y Producción (PEP)? Un jurado federal en Houston ha declarado culpable a un empresario de origen mexicano por su participación en un plan para sobornar a funcionarios gubernamentales mexicanos, obteniendo al menos 2.5 millones de dólares en beneficios indebidos.
La condena, anunciada por el Departamento de Justicia, señala a Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, ciudadano mexicano y residente permanente legal en The Woodlands, Texas. Según el fiscal general adjunto interino, Matthew R. Galeotti, Rovirosa "orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas". Este acto de corrupción, que socava la competencia leal, no será tolerado por las autoridades estadounidenses, sin importar dónde se realicen los pagos de sobornos.
Documentos judiciales y pruebas presentadas durante el juicio revelaron que entre 2019 y 2021, Rovirosa Martínez pagó más de 150 mil dólares en sobornos. Estos pagos estaban destinados a funcionarios de PEP para asegurar la retención de contratos, pagos y otras ventajas indebidas en favor de empresas vinculadas a él. Este tipo de incidentes, que afectan la integridad de las instituciones, resaltan la necesidad de vigilancia constante. A propósito de desafíos que enfrenta la paraestatal, en otra región del país los ejidatarios de Oxiacaque, Tabasco, han bloqueado pozos de Pemex exigiendo soluciones a sus demandas sociales.
La evidencia del juicio mostró que Rovirosa y sus cómplices, entre ellos Mario Alberto Ávila Lizarraga, de 61 años, de Spring, Texas (también ciudadano mexicano y residente permanente legal), entregaron sobornos en efectivo, artículos de lujo y otros bienes valiosos a, por lo menos, tres funcionarios de Pemex y PEP. El objetivo era que ayudaran a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y mantener negocios con un valor de al menos 2.5 millones de dólares.
El jurado encontró a Rovirosa culpable de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y dos cargos por violación de la FCPA, enfrentando una pena máxima de 15 años de prisión. Su cómplice, Mario Ávila, actualmente se encuentra prófugo. Douglas Williams, agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Houston, enfatizó que la residencia de Rovirosa en Houston no lo protegió de las consecuencias de sus actos corruptos, los cuales no solo le costaron un estilo de vida lujoso sino también su libertad.
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