¿Qué pasó en Tabasco? A pesar de las prohibiciones legales, la venta ilegal de animales de compañía persiste y se intensifica a través de redes sociales, una práctica que colectivos animalistas denuncian como maltrato y que se espera aumente durante la temporada decembrina debido a la demanda de mascotas como regalos.
Ante la prohibición de vender animales en la vía pública, los comerciantes han migrado a plataformas digitales para continuar con esta actividad. Espacios como el Marketplace de Facebook se han convertido en un punto de venta clave, donde los anuncios a menudo se disfrazan de "adopciones" para evadir las políticas de la plataforma y las regulaciones legales.
Según el abogado Sergio Antonio Reyes Ramos, integrante del Colegio de Abogados Tabasqueños, la legislación actual presenta vacíos que dificultan su aplicación. "Tácitamente la ley no prohíbe la venta de animales", señaló, explicando que aunque la Ley de Protección Animal establece requisitos como registros y placas, la falta de cumplimiento es generalizada. Esta falta de capacidad para hacer valer la ley se enmarca en un contexto de seguridad complejo en el estado, donde las autoridades también combaten otros delitos de alto impacto, como lo demuestra la reciente recompensa ofrecida por la captura de 'El Rayo', presunto líder criminal.
Para la asociación civil Caninos 911, la venta de cachorros es una forma directa de maltrato animal. Gilda Ruiz, fundadora de la agrupación, advirtió que han detectado vendedores en las afueras de centros comerciales y en el velódromo de la Deportiva en Villahermosa. Ruiz subrayó que esta práctica no solo deriva en estafas, con animales mestizos vendidos como de raza, sino que también fomenta la explotación de hembras reproductoras y la venta de cachorros enfermos que a menudo mueren o son abandonados. "No les compren, adopten la cultura de la adopción, que es firme y consciente", instó.
A nivel federal, la ley sanciona con hasta cinco años de prisión y multas a quien venda cachorros de perros y gatos menores de seis meses. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es la entidad encargada de perseguir este delito, así como el tráfico de especies silvestres, que también se dispara en fin de año. La dependencia estima que el 70% de los ejemplares silvestres mueren durante su captura y traslado, por lo que reitera el llamado a no adquirir animales de origen ilegal.
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