¿Qué pasó con los exfuncionarios implicados en la Estafa Maestra?
Dos exservidores públicos vinculados al controvertido caso de la Estafa Maestra han sido condenados a desembolsar una suma millonaria por concepto de reparación del daño. Ricardo Mejia Zayas y José Monroy Gaytán, quienes fueran exdirector General Adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Rector de la Universidad Intercultural del Estado de México, respectivamente, fueron declarados culpables de uso indebido de atribuciones y facultades, y deberán pagar $62 millones 877 mil 192 pesos.
La resolución, emitida por un juez, aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) de concederles los sustitutivos de la pena de prisión, cuya duración exacta no fue especificada. Sin embargo, esta medida solo se hará efectiva una vez que los exfuncionarios garanticen el pago total de la cifra impuesta.
La FGR presentó las pruebas contundentes para obtener esta resolución judicial, otorgando los sustitutivos legales del Código Penal Federal, siempre y cuando se asegure el pago completo de la reparación del daño al Estado.
Según el comunicado de la Fiscalía, “El Ministerio Público Federal (MPF) aportó las pruebas necesarias para obtener dicha resolución judicial en contra de estas dos personas, a quienes se les concedieron los sustitutivos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados”.
La acusación de la FGR detalla que Mejia Zayas y Monroy Gaytán suscribieron un convenio que no garantizaba las condiciones más favorables para el Estado en términos de “precio, calidad, oportunidad y otras circunstancias”. Este esquema de irregularidades se manifestó cuando la Universidad subcontrató los servicios acordados con la Sedesol a un costo menor, lo que derivó en un perjuicio a la hacienda pública federal por el monto ahora exigido a los exfuncionarios.
Este caso subraya la persistencia de los esfuerzos por combatir la corrupción y el desvío de recursos públicos en México, un tema recurrente en el ámbito político y social del país. Casos de desfalco como el que hoy se resuelve buscan sentar un precedente importante en la rendición de cuentas. En relación a otros actos de corrupción, el escándalo en Ugroy, donde se presentó una nueva denuncia por un presunto desvío de $165 millones, muestra que la vigilancia sobre el uso de fondos públicos continúa siendo una prioridad.
La condena y la exigencia del pago de casi $63 millones a Ricardo Mejia Zayas y José Monroy Gaytán envía un fuerte mensaje sobre las consecuencias de la corrupción. La posibilidad de evitar la prisión a cambio de la reparación del daño, aunque polémica para algunos, busca recuperar el dinero sustraído de las arcas públicas y reparar el perjuicio causado a la sociedad.
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