¿Qué llevó al Ejido Carrizalillo a decretar el cierre total de la mina Los Filos en Guerrero?
Tras ocho meses de un conflicto agrario sin resolución, la Mesa Agraria del Ejido de Carrizalillo, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, ha tomado la drástica decisión de “cerrar totalmente” la mina Los Filos, operada por la empresa canadiense Equinox Gold. La medida surge ante la falta de acuerdos para la continuidad de las operaciones del yacimiento, ubicado en sus tierras, y la constante denuncia de ilícitos ambientales.
En un comunicado oficial, los ejidatarios señalaron que, durante los últimos ocho meses, la empresa ha “administrado el conflicto haciendo creerles que se encuentra en un proceso de negociación”, calificando esta postura como “farsante” y “ofensiva”. Insistieron en la existencia de “varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la empresa” que, a su juicio, no han sido suficientes para que las autoridades la pongan en orden.
La decisión de cierre implica también la suspensión del “sistema de riego de la solución acidulada”, una acción que los ejidatarios han estado atendiendo de manera responsable para evitar un potencial desastre ambiental, como un derrame de ácido que afectaría directamente el Río Balsas. Esta medida subraya la preocupación de la comunidad por el impacto ecológico de las operaciones mineras.
Los miembros del ejido consideran que, al no existir un acuerdo para la continuidad del proyecto, Equinox Gold está legalmente obligada a iniciar el proceso de rehabilitación de sus tierras. Según los ejidatarios, estas actividades, adscritas al cierre de la mina, debieron haber comenzado a finales de marzo. “Estos temas están en las manos de la Secretaría de Economía y de Semarnat y nos parece correcto preguntarles si accederemos a ese acto de justicia o no”, expresaron, cuestionando la falta de acción por parte de las dependencias federales.
Adicionalmente, denunciaron que la empresa ha ignorado las medidas correctivas impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) desde el mes de mayo, lo que, según los ejidatarios, confirma que la compañía “ha cometido ilícitos ambientales”. Esta situación no es aislada en el país, ya que casos como el de la clausura de la mina Holcim por Profepa en Campeche demuestran la recurrencia de conflictos entre empresas y comunidades por el impacto ambiental.
La tensión se incrementó con la propuesta de la empresa, que los ejidatarios describieron como “limosnas”. La oferta consistía en una renta de $50 pesos diarios por hectárea, acotada a la duración de solamente un mes. Esta propuesta fue interpretada como una muestra de la impunidad de la compañía, que, al no enfrentar “ninguna exigencia ni consecuencia legal por parte del gobierno ante los incumplimientos de los ilícitos en los que incurre, se da el lujo de ofrecernos limosnas”.
La Mesa Agraria manifestó su incomprensión ante la permisividad del gobierno: “Tampoco entendemos por qué se le permite a la empresa que siga incurriendo en los ilícitos ambientales por los que fue clausurada parcialmente y no se sanciona y se clausura de forma definitiva”. También cuestionaron por qué no se obliga a la empresa a implementar el programa de cierre y postcierre, a pesar de haberlo solicitado ante la negativa de la compañía a negociar un convenio para la continuidad.
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