¿Qué pasó con el expresidente Luis Arce en Bolivia?
La justicia boliviana ha ordenado la detención preventiva por cinco meses del expresidente de Bolivia, Luis Arce, en el penal de San Pedro, en La Paz. Esta decisión se enmarca en una investigación por presuntos malos manejos de fondos destinados a proyectos indígenas cuando se desempeñaba como ministro de Economía durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
El Ministerio Público imputó a Luis Arce por "incumplimiento de deberes y conducta antieconómica". Según la entidad, como ministro de Economía, Arce habría autorizado desembolsos de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) para proyectos que no se ejecutaron o se realizaron de manera parcial. La Fiscalía sostiene que de más de 3.500 proyectos financiados por el Ministerio de Economía, menos de la mitad fueron concluidos, y se evidenciaron "desembolsos a cuentas particulares de dirigentes" indígenas y campesinos.
Por su parte, Arce se declaró "absolutamente inocente" durante la audiencia cautelar virtual. Atribuyó su aprehensión a "motivos claramente políticos", alegando que el Gobierno de Rodrigo Paz busca "chivos expiatorios" para desviar la atención de la situación en el país. El exmandatario también denunció que su arresto fue "ilegal", relatando que fue interceptado por "encapuchados" y trasladado sin que inicialmente se le mostrara la orden de aprehensión.
El juez anticorrupción Mario Helmer Laura valoró que Arce no pudo desvirtuar el peligro de obstaculización en el proceso, a pesar de haber presentado garantías laborales y acreditado residencia estable. La detención preventiva fue fijada por cinco meses, aunque la Fiscalía había solicitado tres meses y la Procuraduría General del Estado y el Viceministerio de Transparencia exigieron seis meses. El juez también estableció que Arce podrá solicitar salidas judiciales por motivos médicos y que la Dirección de Régimen Penitenciario deberá garantizar su seguridad en un sitio "diferente" a la población sentenciada.
La defensa de Arce solicitó su libertad "pura y simple", comprometiéndose a que se presentaría a todos los actos de investigación. Argumentaron su edad, 62 años, y el padecimiento de un cáncer como atenuantes, aunque el juez señaló la falta de certificados médicos actualizados. El Ministerio Público recalcó que el proceso se sigue en la vía ordinaria, ya que los actos imputados corresponden a su gestión como ministro y no como presidente.
Para contextualizar este tipo de casos de presunta malversación de fondos públicos, es relevante recordar situaciones similares en otros países. En México, por ejemplo, el caso de la Estafa Maestra también involucró a exfuncionarios declarados culpables de desvíos millonarios. Estos ejemplos subrayan la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos estatales.
Desde que dejó la Presidencia de Bolivia el 8 de noviembre, Luis Arce se ha dedicado a la enseñanza de economía en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), una labor que mantuvo incluso durante su mandato.
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