¿Qué pasó con los tres sujetos vinculados a proceso por cobro de "derecho de piso" en Quintana Roo?
Un Juez de Control ha dictado auto de vinculación a proceso contra tres hombres por su presunta participación en el delito de extorsión en Quintana Roo. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos de Secuestro y Extorsión, presentó los datos de prueba necesarios para avanzar en el proceso legal.
El caso se centra en amenazas y cobros ilegales dirigidos a un comerciante, cuya identidad permanece protegida. Este tipo de crímenes ha sido una preocupación creciente en la región. De hecho, según reportes, las extorsiones a empresarios han visto un aumento significativo en Quintana Roo, especialmente en Cancún.
Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 27 de agosto del presente año. Sergio Alejandro “N”, Ausencio “N” y Silverio “N” se presentaron en un taller de aluminio para exigir al propietario un pago mensual de $2,500 pesos. Además de la exigencia económica, los imputados habrían proferido amenazas graves, advirtiendo que regresarían para privar de la libertad al comerciante e incluso atentar contra su vida si no accedía al cobro.
La intimidación continuó. El 15 de septiembre, dos de los ahora vinculados, junto con otro individuo, volvieron al establecimiento con la intención de cobrar el monto previamente exigido. Ante el temor generado por las amenazas, la víctima entregó $1,900 pesos, una cantidad que logró reunir. Este pago, si bien fue bajo coacción, sirvió para fortalecer la carpeta de investigación integrada por la Fiscalía.
Como resultado de las diligencias, un Juez autorizó las órdenes de aprehensión correspondientes. Los Policías de Investigación lograron localizar y detener a los tres señalados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para enfrentar su proceso. Durante la audiencia inicial, el Juez de Control formalizó la vinculación a proceso de Sergio Alejandro “N”, Ausencio “N” y Silverio “N”.
Para garantizar la seguridad del comerciante y el adecuado desarrollo del procedimiento judicial, el Juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Esta medida se aplicará por un periodo de hasta dos años, o durante todo el tiempo que dure el proceso legal en su contra.
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