¿Qué pasó con la minería ilegal de oro en Latinoamérica? La minería ilegal de oro se ha posicionado como el nuevo negocio predilecto de las organizaciones criminales en América Latina, superando al tráfico de cocaína como principal fuente de ingresos ilícitos. Esta actividad, conocida como narco-minería, no solo combina el cultivo de coca con la extracción ilegal de oro, sino que también genera una economía criminal más rentable, menos rastreable y profundamente destructiva para la Amazonía.
De acuerdo con reportes citados por CNN en Español, el auge del oro ilegal está directamente relacionado con el aumento histórico de su precio en los mercados internacionales y la facilidad para lavar las ganancias. Una vez refinado, el oro es prácticamente indistinguible del metal de origen legal, a diferencia de la cocaína, que es ilegal en todas las etapas de su cadena productiva y conlleva mayores riesgos operativos para los traficantes.
En Perú, uno de los epicentros de este fenómeno, el entonces canciller Elmer Schialer reconoció en julio que la economía del oro ilegal es hasta siete veces mayor que el comercio de cocaína. Aunque Colombia continúa siendo el foco histórico del cultivo de coca, la producción de cocaína se disparó en Perú, con más de 800 toneladas generadas el año pasado, según datos del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El cultivo de coca ha migrado de zonas montañosas a las tierras bajas amazónicas, especialmente en regiones como Ucayali, donde se han identificado pistas de aterrizaje clandestinas, rutas de salida de droga y una expansión significativa de la minería ilegal. Investigaciones de organizaciones como Amazon Watch y Mongabay documentan al menos 128 pistas clandestinas en seis regiones peruanas, muchas rodeadas de plantíos de coca. Especialistas en crimen organizado señalan que la pandemia de COVID-19 aceleró este proceso, reduciendo la presencia estatal en zonas remotas y empujando a miles de personas a buscar ingresos en actividades ilícitas, un vacío que fue explotado por grupos criminales para expandir su control territorial.
El modelo de la narco-minería se replica en toda la cuenca amazónica. Disidentes de las FARC operan en la frontera entre Perú y Colombia, mientras que el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, controla cultivos de coca, operaciones mineras y sistemas de "seguridad" ilegal en zonas como Madre de Dios. En Venezuela, el sur del país concentra más del 30% de los sitios de minería ilegal del Amazonas, fortaleciendo a bandas locales, grupos guerrilleros y redes de corrupción vinculadas a élites políticas y militares.
La amenaza del crimen organizado trasciende fronteras y modalidades ilícitas. En este contexto de lucha contra el narcotráfico en la región, las tensiones geopolíticas se recrudecen, llegando incluso a pronunciamientos contundentes. Donald Trump ha reiterado su amenaza de ataques terrestres contra narcotraficantes en América Latina, reflejando la complejidad de un problema que va más allá de la minería ilegal de oro.
Ecuador y Brasil también reportan un aumento de delitos asociados a minas ilegales, extorsión y violencia extrema. En Perú, fiscales investigan fosas comunes con más de un centenar de víctimas, atribuidas a bandas que operan en zonas mineras clandestinas.
A pesar de los esfuerzos oficiales, como la erradicación de miles de hectáreas de cultivos de coca, los expertos advierten que estas acciones solo han desplazado el problema hacia regiones más remotas. Esto ha acelerado la deforestación, el envenenamiento de ríos y el daño irreversible a comunidades indígenas.
La inestabilidad política y la corrupción son factores agravantes que han debilitado la capacidad del Estado para enfrentar un fenómeno que ya permea economías, territorios y procesos electorales en varios países de la región, consolidando la minería ilegal de oro como una de las amenazas más apremiantes para la seguridad y el medio ambiente latinoamericano.
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