¿Qué pasó con la política de drogas de Estados Unidos? El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que representa el cambio más significativo en la política antidroga del país en décadas, al reclasificar el cannabis como una droga menos peligrosa y buscar ampliar su acceso.
La orden instruye a la fiscal general de Estados Unidos a mover el cannabis de su actual estatus como narcótico de la Lista I, a una droga de la Lista III. Esta nueva clasificación lo sitúa en la misma categoría que sustancias como el Tylenol con codeína, la ketamina y los esteroides anabólicos, que, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), tienen un "potencial de moderado a bajo de dependencia física y psicológica".
Es importante destacar que, a pesar de la reclasificación, el cannabis seguirá siendo ilegal a nivel federal. Sin embargo, el cambio facilitará enormemente la investigación sobre sus posibles beneficios médicos. Además, tiene implicaciones fiscales positivas para los dispensarios de cannabis autorizados por el Estado, ya que la normativa actual les prohíbe algunas deducciones fiscales si venden productos de la Lista I.
Más allá de la reclasificación del cannabis, Trump ha ordenado a funcionarios de la Casa Blanca trabajar con el Congreso para permitir que más estadounidenses accedan al cannabidiol (CBD). Como parte de un nuevo programa, algunos beneficiarios del programa de salud Medicaid podrán obtener CBD sin costo, bajo recomendación médica. Las autoridades sanitarias también deben desarrollar "métodos y modelos" para examinar los beneficios y riesgos reales del CBD para la salud.
Un alto funcionario del gobierno describió la orden como una "medida de sentido común que permitirá comprender y estudiar mejor" el cannabis y el CBD. La propuesta de Trump no es enteramente nueva; el pasado gobierno de Joe Biden también propuso una reclasificación similar en abril de 2024, que se vio dificultada por cuestiones administrativas y legales. El propio Trump ha manifestado desde su campaña presidencial su deseo de modificar la política antidroga del país. "Creo que es hora de poner fin a las interminables detenciones y encarcelamientos de adultos por pequeñas cantidades de marihuana para uso personal", escribió en Truth Social el año pasado. También añadió: "Debemos aplicar regulaciones inteligentes, al tiempo que proporcionamos a los adultos acceso a productos seguros y probados".
No obstante, la orden ha encontrado una fuerte resistencia. Un grupo de 22 senadores republicanos envió una carta abierta al presidente, argumentando que el consumo de marihuana dificultaría la "reindustrialización de Estados Unidos". Citaron "persistentes preocupaciones sobre el impacto del cannabis en la salud" y estudios que sugieren vínculos con "alteraciones del juicio" y "falta de concentración". En otra carta dirigida a la fiscal general Pam Bondi en agosto, 9 representantes republicanos señalaron la falta de "datos ni pruebas científicas suficientes" para respaldar el cambio, afirmando que el cannabis "sigue teniendo potencial de abuso y no tiene ningún valor médico demostrado científicamente". La carta concluía que reclasificarlo "no solo sería objetivamente incorrecto, sino que también implicaría transmitir a nuestros hijos que la marihuana es segura. Eso no podría estar más lejos de la realidad".
Pese a la oposición, encuestas de Gallup revelaron en noviembre que el 64% de los estadounidenses apoya la legalización de la marihuana, aunque el apoyo ha disminuido ligeramente entre los republicanos. Esta medida se suma a otras acciones de la administración Trump en materia de sustancias controladas, como la declaración del fentanilo como arma de destrucción masiva, mostrando un enfoque multifacético hacia las políticas de drogas.
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