¿Qué pasó con Veracruz y los derechos humanos en 2024?
El estado de Veracruz se ha ubicado como el tercer estado con más reportes de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos registrados durante el año 2024, de acuerdo con el Censo Nacional de Derechos Humanos Federal y Estatal 2025, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La entidad reportó un total alarmante de 12,940 hechos calificados como vulneraciones a las garantías individuales.
En el panorama nacional, la situación de Veracruz solo es superada por la Ciudad de México, que encabeza la lista con más de 29,000 registros, y el estado de Puebla, que contabilizó cerca de 15,400. Esta estadística coloca a Veracruz muy por encima de otras entidades con poblaciones considerables, como Baja California o Jalisco.
Del total de hechos registrados en el estado, la inmensa mayoría, 11,786 casos, fueron documentados por el Organismo de Derechos Humanos local, mostrando la alta carga de trabajo a nivel estatal. Los 1,154 casos restantes correspondieron a expedientes gestionados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Durante el periodo evaluado, 2024, la entidad veracruzana recibió 8,377 solicitudes de queja. De estas, casi mil fueron aceptadas inmediatamente para la apertura de un expediente por presunta violación de derechos, mientras que más de 4,000 personas requirieron orientación jurídica para sus casos.
El informe del INEGI detalla una preocupante cifra al cierre del censo: Veracruz mantenía 3,100 expedientes de queja pendientes de concluir. Este número representa uno de los rezagos más altos del país, superando incluso a entidades con mayor población, como el Estado de México. La falta de resolución pronta agrava la situación de las víctimas y la percepción de impunidad.
Como resultado de las acciones emitidas por el organismo local, y en tanto consecuencias administrativas de estas investigaciones, en Veracruz se sancionó a 123 personas servidoras públicas con recomendaciones. Sin embargo, el informe señala que no se registraron conciliaciones ni medidas precautorias o cautelares, y únicamente se emitió una acción de inconstitucionalidad. Este dato sugiere una limitación en la aplicación de medidas más contundentes o de reparación integral para las víctimas. La transparencia y la rendición de cuentas en estos procesos son cruciales para restaurar la confianza ciudadana y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Para una perspectiva más amplia sobre la rendición de cuentas de los funcionarios, se puede consultar: Oaxaca se ubica como el cuarto estado con más funcionarios sancionados por corrupción, revela INEGI.
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