¿Qué pasó con las multas de tránsito en Michoacán? El estado de Michoacán ha dado un paso significativo hacia la erradicación de la corrupción y el abuso de autoridad en sus vialidades. Este 19 de diciembre de 2025, el Periódico Oficial del Estado publicó el decreto que reforma el Reglamento de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, eliminando por completo las multas e infracciones económicas de tránsito en la entidad.
El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, fue el encargado de informar sobre esta trascendental medida desde Morelia. Destacó que el objetivo principal es poner fin a cualquier intento de abuso de autoridad y cerrar la puerta a posibles actos de corrupción por parte de los cuerpos policiales, garantizando así un libre tránsito para todos los ciudadanos.
La reforma impulsada por Zepeda Villaseñor no solo suprime la sanción pecuniaria, sino que la sustituye por un conjunto de mecanismos correctivos que buscan un modelo preventivo, educativo y de corresponsabilidad social. Las nuevas medidas incluyen:
El decreto, según el titular de la política interna, retoma el principio de la movilidad como un derecho humano. Se adhiere a un enfoque que busca fortalecer el tránsito libre, seguro y sin discrecionalidad, bajo lineamientos que procuran robustecer la confianza ciudadana, erradicar la visión recaudatoria de las sanciones y asegurar que las medidas establecidas contribuyan eficazmente a la seguridad vial, a la reducción de riesgos y al respeto irrestricto de los derechos de las personas usuarias de la vía pública.
Con esta publicación oficial, el Gobierno del Estado reitera que no abandona su obligación de proteger la seguridad vial, sino que reorienta el modelo hacia uno más justo y eficaz. Zepeda Villaseñor enfatizó que la autoridad actuará con legalidad, proporcionalidad y legitimidad, creando condiciones para un libre tránsito y una movilidad con reglas claras, sin espacio para abusos ni corrupción. Esta iniciativa se alinea con la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en el país, en un contexto donde, por ejemplo, Oaxaca se ubica como el cuarto estado con más funcionarios sancionados por corrupción, según INEGI, lo que subraya la importancia de medidas como las adoptadas en Michoacán.
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