¿Qué pasó con la gobernabilidad en Oaxaca? El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) ha dado luz verde al inicio del proceso de revocación de mandato contra el gobernador Salomón Jara Cruz. Esta decisión, tomada tras una sesión extraordinaria urgente que se extendió por más de dos horas, marca un hito en la historia política del estado, al ser el primer ejercicio de este tipo.
La solicitud, impulsada por militantes de Morena, logró una contundente validación de firmas. El informe presentado por el Secretario Ejecutivo, Graciano Pratts Rojas, en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), certificó 518,979 firmas de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal. Esta cifra representa el 86.06% de los registros revisados y supera con creces el requisito legal, alcanzando el 16% del padrón, seis puntos porcentuales por encima de lo estipulado. Este contexto se da en un estado que, según informes recientes, se posiciona como el penúltimo a nivel nacional en progreso social, lo que añade otra capa de complejidad al actual clima político.
El consejero electoral Alejandro Carrasco Sampedro destacó la amplia dispersión territorial, con respaldo en 569 de los 570 municipios, siendo San Juan Tabaá la única excepción. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de retos. El informe final reveló un alto número de inconsistencias: de los 717,290 apoyos reportados inicialmente, solo 602,832 cumplieron con los requisitos mínimos.
Más de 114,000 registros fueron excluidos por falta de clave de elector, presentar archivos dañados o contener información incongruente. Adicionalmente, 83,853 apoyos resultaron inválidos al encontrarse en supuestos de exclusión legal como duplicidades, registros inexistentes, claves inválidas o bajas por defunción o suspensión de derechos político- electorales. Un ejercicio muestral aplicado a 800 registros confirmó fallas administrativas como la ausencia de firma y datos ilegibles.
El IEEPCO ha aprobado seis acuerdos fundamentales para la organización, desarrollo y vigilancia del proceso, que incluye un calendario de actividades de 30 días, lineamientos de observación ciudadana y reglas para las sesiones de cómputo distrital. La fecha establecida para la votación es el próximo 25 de enero. Para que el resultado de la votación sea vinculante, se deberá alcanzar una participación mínima del 40 por ciento de la lista nominal.
Mientras el órgano electoral valida la legalidad de la solicitud, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán, ha levantado la voz acusando al proceso de ser una 'simulación democrática' que busca legitimar al gobierno de Jara Cruz. García Morlán criticó fuertemente el elevado costo del ejercicio, estimado entre $99 millones y $186 millones de pesos, argumentando que estos recursos deberían destinarse a áreas prioritarias para la ciudadanía, como la seguridad y la salud. Este debate sobre el gasto público en Oaxaca cobra relevancia al considerar que el Congreso local ha visto su deuda dispararse un 132% en los últimos nueve meses.
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