¿Qué pasó con la propuesta de muerte asistida? La agenda legislativa en México se enriquece con una iniciativa de gran calado ético y social. La diputada federal de Morena, Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez, ha presentado una propuesta de reforma que busca despenalizar la muerte asistida, estableciendo un marco legal para su práctica sin que ello implique delito o dé lugar a acciones civiles por daños y perjuicios.
La iniciativa, que contempla modificaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, propone que la muerte asistida solo podrá aplicarse a personas mayores de 18 años. Un requisito fundamental será la solicitud por escrito del interesado, cuya aptitud y la procedencia de la petición deberán ser informadas y evaluadas por un Comité de Bioética.
Para garantizar la correcta implementación de estos procedimientos, la legisladora detalla que la Secretaría de Salud será la encargada de emitir la normatividad y los lineamientos correspondientes. Estos incluirán requisitos, procedimientos, formatos y los necesarios tiempos de reflexión previos a la aprobación y ejecución de la muerte asistida.
Asimismo, la propuesta enfatiza que el personal médico autorizado para llevar a cabo cualquier procedimiento de muerte asistida deberá contar con la debida aprobación de la Secretaría de Salud. Un punto crucial es que dicho personal podrá negarse a realizar el procedimiento en cualquier momento, respetando la objeción de conciencia.
La iniciativa define explícitamente a la muerte asistida como la 'terminación intencional de la vida, practicada por personal médico autorizado, a solicitud expresa de la persona, a través de los procedimientos de eutanasia o suicidio asistido'. A su vez, la eutanasia se conceptualiza como el 'acto o serie de actos intencionales, realizados por personal médico autorizado, encaminados a terminar la vida de la persona que lo solicite de manera expresa, previa aprobación de la autoridad competente'.
Un objetivo central de la reforma es la salvaguarda de la dignidad de las personas que opten por la muerte asistida. La propuesta busca garantizar que estos procedimientos se ejecuten 'en estricto apego a los protocolos que al efecto emita la Secretaría de Salud, por personal autorizado y en condiciones dignas'. En este sentido, es relevante mencionar la importancia del trato digno en el ámbito de la salud, un tema que el IMSS también ha buscado fortalecer con la instalación de su Comité Nacional de Trato Digno para sus derechohabientes.
Actualmente, la legislación mexicana prohíbe de manera expresa la eutanasia, el suicidio asistido y el homicidio por piedad. Sin embargo, el debate social en torno a este tema ha mostrado un creciente apoyo. La Segunda Encuesta Nacional de Opinión sobre el Derecho a Morir con Dignidad 2022 reveló que un contundente 68.6 por ciento de los encuestados considera que las personas en fase terminal de su enfermedad y con sufrimiento ineludible deberían tener la opción de adelantar su muerte.
La propuesta de la diputada Naty Poob Pijy Jiménez Vásquez ha sido turnada a las comisiones de Salud y de Justicia para su análisis y dictaminación, abriendo un espacio crucial para la discusión de este derecho en el país.
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