¿Qué pasó con las tienditas de barrio en Yucatán? El sector minorista en la entidad se encuentra en una situación crítica ante la inminente alza del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a refrescos, bebidas azucaradas y snacks, programada para el 1 de enero de 2026. Se estima que al menos el 15% de los más de 24 mil negocios de este tipo en el estado podrían verse forzados a cerrar durante el primer año de aplicación, lo que significaría un severo golpe a la economía familiar y al empleo local.
La propuesta de ajuste fiscal contempla gravar con $3.08 pesos por litro las bebidas con azúcares añadidos y con $1.50 pesos por litro aquellas que emplean edulcorantes no calóricos. Aunque la medida se presenta bajo el estandarte de la salud pública, la experiencia previa con incrementos del IEPS sugiere que no ha habido una disminución significativa en las tasas de obesidad o diabetes. Por el contrario, estos gravámenes han contribuido al encarecimiento de productos de consumo básico, afectando directamente el bolsillo de los consumidores y la viabilidad de los pequeños comercios. Cabe destacar que, a nivel nacional, se ha observado que el aumento de impuestos a estas bebidas no siempre se traduce en mejoras tangibles en la salud pública, como se ha visto en estados con altas tasas de incidencia de estas enfermedades. Incluso en otras regiones, como en Veracruz, 4to lugar nacional en casos de Diabetes Tipo II, se mantiene una problemática de salud significativa a pesar de medidas similares.
Los comerciantes de la región ya sienten los primeros estragos, con aumentos de $5 a $10 pesos en las presentaciones de refrescos grandes. Esta escalada de precios ha provocado una perceptible caída en las ventas y una restricción del consumo, incluso en épocas de alta demanda como las fiestas decembrinas. Este escenario de menor venta no se limita a los dueños de las tienditas, sino que desencadena un efecto dominó que impacta negativamente a repartidores, transportistas y proveedores locales. A nivel nacional, se proyecta un riesgo para más de 8 mil empleos directos y 100 mil indirectos, una cifra que en Yucatán sería especialmente crítica por la relevancia del comercio minorista en su entramado económico.
La situación se ve agravada por la creciente presión fiscal ejercida por el Gobierno del Estado, que en su Paquete Fiscal 2026 ha concentrado y aprobado diversos aumentos, además de nuevas cargas, derechos y trámites. Esta carga adicional, aunada a posibles nuevos impuestos y el encarecimiento de gestiones, golpeará a empresarios, profesionistas, propietarios de vehículos y usuarios de transporte digital, así como a quienes realizan trámites gubernamentales esenciales. Para un análisis más profundo sobre este tema, se puede consultar la nota: Paquete Fiscal Yucatán 2026: Aumentos, recortes y claves.
La principal preocupación de los pequeños comerciantes es la supervivencia de sus negocios familiares, que son el sustento del empleo local y el ingreso diario de miles de personas. En este contexto, surge una interrogante crucial para la sociedad yucateca: ¿el objetivo de combatir la obesidad justifica los cierres de negocios, los despidos masivos y la imposición de una mayor carga económica para los ciudadanos del estado?
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