¿Qué pasó con la propuesta para una propaganda política más ecológica? La diputada federal Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano (MC), ha puesto sobre la mesa una iniciativa crucial para el medio ambiente en México: reformar el artículo 134 Constitucional. Su objetivo es establecer que toda la propaganda política-electoral impresa en el país deberá ser obligatoriamente reciclable y fabricada con materiales biodegradables, libres de sustancias tóxicas o nocivas para la salud y el entorno.
La iniciativa de la legisladora emecista surge como respuesta a una problemática ambiental que cobra cada vez más relevancia en México: la ingente cantidad de basura generada durante los procesos electorales. En su exposición de motivos, Ballesteros Mancilla destacó el uso masivo de propaganda impresa, plásticos, lonas y pendones, materiales con una vida útil extremadamente corta que, tras las campañas, terminan contaminando calles, barrancas y saturando rellenos sanitarios.
Las cifras son alarmantes. Según estimaciones de Greenpeace, el proceso electoral 2023-2024 a nivel nacional dejó un legado de cerca de 20 mil toneladas de basura electoral. Esta montaña de residuos se compone, en su mayoría, de plásticos, lonas de PVC y vinilos, materiales notoriamente difíciles de degradar y altamente contaminantes. Para ponerlo en perspectiva, el Observatorio Basura Cero CDMX calculó que entre el 4 y el 8 por ciento de esa basura se concentró únicamente en la Ciudad de México, lo que representa aproximadamente entre 800 y mil 600 toneladas. Esta situación se suma a otros desafíos ambientales derivados de las festividades, como el alto costo ambiental de las fiestas en México, evidenciando una necesidad urgente de prácticas más sostenibles.
Ante la magnitud de esta crisis ambiental, la diputada Ballesteros Mancilla enfatizó la necesidad de una respuesta integral que involucre a todos los actores relevantes. Esto incluye a las autoridades electorales, los gobiernos locales, los partidos políticos y, por supuesto, a la ciudadanía.
La reforma al artículo 134 Constitucional no solo buscaría imponer una obligación legal, sino también fomentar una cultura de mayor responsabilidad ambiental en la política mexicana, transformando la manera en que se desarrollan las campañas y mitigando su huella ecológica.
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