
¿Qué pasó con las empresas sancionadas? La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno anunció este martes la aplicación de severas sanciones contra tres empresas privadas, las cuales han sido inhabilitadas para participar en cualquier proceso de contratación o celebrar convenios con la administración pública federal. Las compañías señaladas son Ravisa Autos del Oriente, Gen Industrial y Escore Alimentos, detectadas por proporcionar información falsa en su intento de asegurar contratos públicos.
En el caso de Ravisa Autos del Oriente, la autoridad impuso una multa de $175 mil 367 pesos y una prohibición de tres meses para trabajar con el gobierno. Esta medida se tomó luego de comprobarse que la empresa entregó datos falsos en sus documentos fiscales durante una licitación nacional destinada a la compra de camionetas pick up nuevas. La irregularidad fue detectada específicamente en la constancia que acredita el cumplimiento de sus aportaciones patronales, un requisito indispensable para garantizar la transparencia de los proveedores y el correcto uso del dinero público.
Por su parte, las empresas Gen Industrial y Escore Alimentos recibieron multas individuales de $157 mil 685 pesos, junto con la restricción de tres meses para operar con instituciones públicas. Gen Industrial fue sancionada por presentar documentación engañosa en un concurso relacionado con el servicio de recolección de residuos para la Secretaría de Salud. En tanto, Escore Alimentos incurrió en faltas similares al falsear su opinión de cumplimiento de obligaciones de seguridad social mientras buscaba obtener el contrato para el servicio de alimentación de pacientes y personal médico. Estos actos subrayan la necesidad de vigilancia constante, un tema que resuena con otras discusiones sobre la transparencia en la gestión pública, como las recientes exigencias de aclaración sobre posibles acuerdos opacos en bonos de salud en Veracruz.
Las resoluciones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, oficializando el ingreso de estas compañías al Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados. La secretaría subrayó que las sanciones se aplicaron bajo criterios de proporcionalidad y con estricto apego a la ley, priorizando la protección del dinero público frente a intentos de engaño por parte de particulares, fortaleciendo así la confianza en los procesos de licitación gubernamentales.
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