¿Qué pasó con los "autos chocolate"? La administración de Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto punto final al programa implementado por Andrés Manuel López Obrador para la regularización de estos vehículos, que son unidades usadas importadas de Estados Unidos y Canadá que ingresaron al país sin cumplir los requisitos formales de importación.
El decreto, que entró en vigor en 2022, fue abrogado de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La razón principal, según el gobierno federal, es que la medida ya cumplió su objetivo: permitir que una parte de la población accediera a un patrimonio vehicular mediante la regularización de unidades de procedencia extranjera.
Con esta acción, la administración federal busca alinear las nuevas importaciones de vehículos con los lineamientos establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdo comercial que precisamente este año se encuentra en proceso de revisión regional. Esta medida refleja una tendencia gubernamental a revisar y ajustar políticas comerciales, similar a lo visto en la eliminación de aranceles a alimentos básicos.
La disposición oficial se lee: "Se abroga el Acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias que se indican, en relación a la importación definitiva de vehículos usados".
Según las autoridades, el programa permitió la regularización de vehículos usados en al menos 16 entidades federativas, incluyendo Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas. Estas son regiones con una alta concentración de población migrante en Estados Unidos y Canadá, donde la presencia de "autos chocolate" era especialmente notoria.
La decisión fue recibida con beneplácito por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), que la considera un paso positivo. La AMDA había expresado su preocupación por la generación de un mercado interno de casi "3 millones de unidades altamente contaminantes, de dudosa procedencia y que desmejoran la seguridad vial del país".
"La culminación de tal decreto confirma las demandas de los distribuidores por eliminar la regularización de lo ilegal", señaló la asociación.
Desde la óptica de la AMDA, el retorno a las reglas vigentes en 2011 implica volver a un esquema de "pago justo de impuestos, beneficiando a la propia autoridad y dando mayor seguridad a la tenencia de tales unidades". El sector automotriz considera que esta medida corregirá las distorsiones generadas por la regularización masiva de vehículos de origen irregular.
"La AMDA reconoce a la presidenta Claudia Sheinbaum el haber derogado el Decreto que fomentaba la legalidad del contrabando con los efectos negativos que éste implicaba", añadió la asociación.
Además, la cancelación del programa se proyecta como un catalizador para la construcción de una base de datos "más segura y confiable" a través del Registro Público Vehicular (Repuve), y para avanzar hacia un programa de renovación del parque vehicular, con unidades más seguras y menos contaminantes en el país.
Este ajuste en la política automotriz se da en un contexto donde el gobierno de Sheinbaum está revisando y ajustando diversas políticas de la administración anterior, buscando una consolidación de la legalidad y un impacto positivo en la calidad del aire y la seguridad vial.
Recibe las 5 noticias más importantes de cada mañana, directo en tu correo.
