¿Qué pasó con el crecimiento desmedido de motocicletas en Chiapas? El año 2025 ha marcado un punto de inflexión alarmante en Chiapas, con un aumento drástico del parque vehicular de motocicletas en ciudades clave como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y San Cristóbal de las Casas. Este fenómeno no solo ha transformado el paisaje urbano, sino que también ha exacerbado los problemas de seguridad y vialidad. En San Cristóbal, la sombra de los “motonetos”, grupos delincuenciales que utilizan estos vehículos para cometer crímenes, ya es una realidad.
En la capital y Tapachula, la proliferación de “movilidades de acero” se ha visto impulsada por la aparición de nuevas empresas y negocios dedicados exclusivamente a la venta de motocicletas. Estos establecimientos, estratégicamente ubicados muy cerca de las principales plazas céntricas, han facilitado a los chiapanecos la adquisición de su propio “caballo de acero” mediante ofertas y facilidades de compra “fuera de serie”, disparando la demanda de forma incontrolable.
Los últimos meses han visto cómo el uso de motocicletas se ha duplicado y hasta triplicado, generando una percepción popular de que representan un grave peligro y riesgo vial en Chiapas. Expertos observadores viales señalan que detrás de esta tendencia se esconde una profunda desigualdad social. Para miles de personas, la motocicleta es la única opción de movilidad viable frente a un transporte público deficiente, costoso y saturado. Además, refleja el crecimiento de la economía informal, donde la urgencia de trabajar a menudo prevalece sobre las normas de seguridad. En este contexto, el problema no es el vehículo en sí, sino el vacío institucional que permite su uso indiscriminado y sin control.
Pese a las repetidas intenciones de las autoridades en Tuxtla como Tapachula de ordenar esta movilidad, los esfuerzos se han extraviado en el camino. Los accidentes de motos siguen en aumento, con un número ascendente de fallecidos y heridos. Más allá de lo vial, este medio de transporte se ha convertido en una herramienta para la comisión de crímenes, incluidos asesinatos. Por ello, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) ha subrayado la urgencia de “regular el uso de la motocicleta” en todo el país, buscando que esta movilidad, un derecho humano innegable, coexista en la vía pública de manera ordenada, segura y con registro.
Aunque las cifras exactas son complejas de obtener, el impacto del uso de la moto en la demanda del transporte público es innegable, afectando más a unas ciudades que a otras. La motocicleta es predominantemente utilizada por la clase trabajadora de bajos ingresos, quienes destinan cerca del 20% de sus ingresos al transporte. Adquirir una moto puede representar un gasto similar o menor, con la ventaja de una mayor autonomía. Sin embargo, esta realidad ha gestado una crisis multifacética en México: un auge impulsado por la necesidad económica y el boom de las aplicaciones de entrega, que ha disparado los accidentes viales, las muertes, las lesiones y la delincuencia. La falta de infraestructura vial adecuada y el deficiente cumplimiento normativo (cascos, licencias, placas) han transformado a estos vehículos en un grave problema de salud pública y seguridad urbana, exigiendo regulación, educación y mejoras viales urgentes.
En síntesis, la motocicleta ha surgido como una solución improvisada a la crisis de movilidad, pero sin un control adecuado, se ha convertido en una crisis de seguridad y salud pública. Su crecimiento desbordado no ha sido acompañado por las condiciones necesarias para un uso seguro. Mientras las motos se multiplican por todo México, incluyendo Tuxtla y Tapachula, las calles no están listas. Este fenómeno es un reflejo de un crecimiento descontrolado, que en los últimos diez años ha sido de aproximadamente 294% en la Ciudad de México y las principales urbes del país. Lo que empezó como una opción económica de transporte y trabajo, hoy es un fenómeno social donde la necesidad se mezcla con el riesgo. “A las personas que se están moviendo en motocicleta no les importa si contaminan, les importa llegar. Si como individuo no te importa la comunidad, si no te importa el medio ambiente, si no te importa tu seguridad y la de tus acompañantes, si no te importa nada más que la accesibilidad, cómprate una moto”, reza la voz popular, que advierte: está en peligro tu vida, la de los automovilistas y la de los ciudadanos.
El caos vial es ya una constante diaria en varias demarcaciones geográficas de la capital chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez. La problemática se agrava con la implicación de motocicletas en actividades delictivas.
Para contrarrestar la creciente delincuencia, el Congreso del Estado de Chiapas ha endurecido las penas contra la figura del “halconeo”, aquellos individuos que vigilan, espían e informan a los delincuentes sobre sus víctimas. Las reformas al Código Penal, impulsadas por la presidenta de la Comisión de Consulta y Participación Ciudadana, Getsemaní Moreno Martínez, establecen penas de prisión que van desde los cinco hasta los 15 años, además de multas económicas que aumentan de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta medida busca fortalecer la seguridad y prevenir delitos contra la ciudadanía, que se encuentra en grave riesgo debido a la vigilancia de sus actividades, negocios e integridad personal. Recientemente, el tema de la infiltración criminal ha cobrado relevancia, como se vio en el caso de la acusación a 11 policías de Chiapas por 'halconeo', demostrando la complejidad del desafío.
La seguridad de las y los chiapanecos es una prioridad central del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, integrándose en una estrategia integral de combate a la delincuencia, según destacó el congreso estatal. Estas acciones buscan erradicar los actos delictivos que han puesto en jaque la tranquilidad de la población.
A pesar de los desafíos, el año 2026 se perfila como un periodo de inversión pública significativa para Chiapas. El estado recibirá una proporción sin precedentes de la inversión física federal, alcanzando el 11% del total transferido a estados y municipios, con un presupuesto de egresos estatal superior a los $140 mil millones de pesos. Este presupuesto priorizará el gasto social, la salud y la educación, además de impulsar los “polos de desarrollo” nacionales, como Puerto Chiapas. Las autoridades se muestran optimistas, calificando el 2026 como un año clave para el desarrollo continuo de la entidad.
El objetivo es claro: garantizar la seguridad para atraer inversiones y generar más empleos, con la meta final de mejorar los salarios en el estado. El 2026 se presenta como un año de proyectos ambiciosos y esfuerzos concertados para impulsar el progreso de Chiapas en múltiples frentes, marcando un “despertar nacional” para la entidad.
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