¿Qué pasó con el exdirector de la primaria Donaciano Serna Leal? La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) confirmó la suspensión del pago salarial al exdirector de la escuela primaria Donaciano Serna Leal, ubicada en Tizayuca. Esta drástica medida se tomó a raíz de una grave denuncia por presunto abuso sexual contra un alumno menor de edad.
La decisión de suspender las percepciones económicas del exdirectivo se ejecutó el pasado diciembre, según confirmó Natividad Castrejón Valdez, titular de la SEPH. La acción administrativa se activó tras recibir una notificación oficial por parte de las autoridades judiciales, quienes llevan el proceso legal derivado de una denuncia interpuesta por el padre de un alumno de tercer grado.
El menor, quien presenta una condición de autismo grado dos, es la presunta víctima de este caso que ha conmocionado a la comunidad educativa de Tizayuca, subrayando la necesidad de un acceso a la justicia con una perspectiva de inclusión, especialmente cuando involucra a personas con discapacidad.
Desde el inicio del conflicto, el exdirector fue inmediatamente retirado de sus funciones y de cualquier contacto con la población estudiantil. Inicialmente, el trabajador fue reasignado a tareas de supervisión y administración dentro del sector educativo. Esta medida precautoria buscaba no vulnerar sus derechos laborales mientras la investigación seguía su curso. Sin embargo, Castrejón Valdez enfatizó que una nueva instrucción judicial obligó a la interrupción total de sus percepciones económicas hasta que un juez emita una sentencia definitiva.
A pesar de la acción administrativa, el padre de la víctima, Juan Leonardo Pérez, ha manifestado públicamente su profunda preocupación por los 'estancamientos significativos' en el proceso penal. La denuncia original fue presentada en diciembre de 2024, y tras más de un año de diligencias, Pérez señala que existen 'vicios en la integración de la carpeta de investigación'.
Juan Leonardo Pérez denunció la presunta desaparición de elementos probatorios clave y aseguró haber recibido amenazas de muerte. Según sus declaraciones, estas intimidaciones provendrían de funcionarios vinculados al ámbito judicial, por lo que exigió la intervención de instancias federales y protección para su núcleo familiar.
Casos como este resaltan la urgencia de fortalecer los sistemas de protección infantil. En contextos similares, como el reportado en Oaxaca, donde un maestro de música fue vinculado a proceso por pederastia, se evidencia la vulnerabilidad de los menores ante abusos por parte de figuras de autoridad.
La actuación de la SEPH se rige bajo los lineamientos del Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso Escolar y Maltrato. Este marco legal estipula que, ante cualquier señalamiento de esta naturaleza, la prioridad absoluta es el resguardo de la integridad física y psicológica del menor.
En el estado de Hidalgo, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga a las autoridades escolares a dar aviso inmediato al Ministerio Público y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia ante la sospecha de cualquier delito. La condición de discapacidad del alumno agrava aún más la responsabilidad de las autoridades para garantizar un acceso a la justicia con perspectiva de inclusión y protección especial.
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