¿Qué pasó con la propaganda gubernamental en Oaxaca? En el marco del proceso de revocación de mandato, la entidad ha entrado en lo que se ha denominado 'silencio oficial', una medida que, si bien no es una veda electoral tradicional, sí implica una estricta suspensión de propaganda gubernamental.
Geovany Vásquez Sagrero, consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, precisó que la situación actual en el estado no debe confundirse con una veda electoral. “No estamos en una veda electoral; técnicamente la veda se da solamente días antes de la votación. Lo que vivimos ahora es una suspensión de propaganda gubernamental”, explicó el funcionario.
Esta medida prohíbe a las dependencias estatales y municipales la difusión de acciones o proyectos que puedan influir en la percepción pública del gobierno. “Todas aquellas acciones que tengan por objeto posicionar al gobierno frente a la opinión pública no las podemos difundir; eso lo prohíbe la norma”, enfatizó Vásquez Sagrero.
La restricción es de aplicación obligatoria para los tres órdenes de gobierno y se sustenta en la Constitución, la Ley de Revocación de Mandato y los lineamientos de la autoridad electoral. “No es una decisión discrecional; es una obligación constitucional y legal que también ha sido ratificada por la Sala Superior del Tribunal Electoral”, afirmó el consejero.
Sin embargo, Oaxaca cuenta con excepciones importantes. Las acciones en materia de protección civil, salud, seguridad y educación están exentas de esta prohibición, así como aquellas que surjan de alguna contingencia. Este punto es crucial en un estado donde las necesidades en estas áreas son constantes, como lo evidencian recientes demandas de mujeres indígenas en Oaxaca que exigen obras y servicios de salud.
Respecto a los programas y apoyos gubernamentales, Vásquez Sagrero aclaró que su entrega puede continuar, siempre que se sigan las normativas establecidas. “Los apoyos previstos en reglas de operación continúan, pero no pueden entregarse en eventos públicos ni utilizarse con fines de promoción”, detalló.
Finalmente, hizo hincapié en la prohibición para servidores públicos y legisladores de fijar postura sobre el proceso de revocación de mandato. “Hasta el día de hoy tenemos prohibido a los servidores públicos salir a hablar de manera favorable o en contra de votar en uno u otro sentido”, concluyó, reforzando el ambiente de 'silencio oficial' en la política local.
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