¿Qué pasó con la política migratoria de Estados Unidos? El gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado su controvertida política de bonos de visas, añadiendo 25 países más a una lista de naciones cuyos ciudadanos deberán pagar fianzas de hasta $15 mil dólares para solicitar el ingreso a Estados Unidos. Esta medida, que eleva el total a 38 países, entrará en vigor el próximo 21 de enero, según anunció el Departamento de Estado.
La expansión de esta política afecta principalmente a países de África, Latinoamérica y el sur de Asia. Los solicitantes de visas B1/B2 (turismo o negocios) de estas naciones podrían enfrentar un requerimiento de fianza de $5 mil, $10 mil o $15 mil dólares, un monto que será determinado durante la entrevista de visa. El Departamento de Estado indicó que los términos del bono deben ser aceptados a través de la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este programa piloto se lanzó en agosto con una lista inicial de países, buscando disuadir a los visitantes de extender su estadía más allá de lo permitido por sus visas.
La inclusión de Venezuela en esta lista es particularmente relevante en el contexto de las recientes tensiones diplomáticas y militares. Se produce días después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, fuera presuntamente secuestrado por fuerzas estadounidenses el fin de semana y trasladado a Nueva York, según reportes recientes. La captura de Maduro y su posterior traslado a una cárcel en Nueva York han generado una fuerte condena internacional, con países como Rusia, Cuba y China exigiendo su liberación y calificando la acción de 'agresión' o 'tiranía mundial', al tiempo que México emitió una alerta de viaje para evitar el país sudamericano. Este escenario de alta tensión subraya la postura de línea dura de la administración Trump no solo en lo migratorio, sino también en lo geopolítico.
Desde su asunción al cargo, el presidente Donald Trump ha implementado una política migratoria de mano dura. Esta incluye una agresiva campaña de deportaciones, la revocación de visas y una exhaustiva revisión de publicaciones en redes sociales y discursos anteriores de inmigrantes. Estas acciones son consistentes con su objetivo declarado de mejorar la seguridad nacional, una justificación que sus aliados reiteran constantemente.
Las políticas de inmigración y viajes de la administración Trump han sido ampliamente criticadas por grupos de derechos humanos. Argumentan que estas medidas socavan las garantías del debido proceso y la libertad de expresión de los individuos. La reciente ampliación de la política de bonos de visas y la situación en Venezuela, en particular la supuesta captura de su líder, solo añaden más leña al fuego de esta controversia global.
La entrada en vigor de esta nueva política de fianzas el 21 de enero presiona aún más a los ciudadanos de los países afectados, que ahora enfrentarán un obstáculo económico significativo para acceder a Estados Unidos. La medida también se suma a la ya compleja situación internacional generada por las acciones de Washington en Venezuela, donde la estabilidad regional se ve comprometida.
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