¿Qué pasó con los locatarios del Mercado de Sonora? Este jueves 8 de enero, los gobiernos de la Ciudad de México y la alcaldía Venustiano Carranza anunciaron una inversión pública de $10 millones de pesos, así como apoyos económicos directos de $50 mil pesos y esquemas de crédito de hasta $100 mil pesos, destinados a los 84 locatarios del Mercado de Sonora. Esta medida acompaña el cese definitivo de la venta de animales vivos en el emblemático mercado, que entró en vigor el 1 de enero de 2026 por mandato judicial.
La prohibición de la venta de animales en el mercado, durante décadas identificado por esta actividad que generaba denuncias por maltrato, hacinamiento y falta de condiciones sanitarias, es resultado de un litigio que se prolongó por ocho años. Iniciado por una fundación pro animal, el proceso se sustentó en la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, que prohíbe explícitamente dicha actividad en mercados públicos. Este precedente destaca la creciente preocupación por el bienestar animal en la capital. Recientemente, se ha visto una mayor acción en este ámbito, como el rescate de cientos de animales del Refugio Franciscano, lo que subraya la relevancia de estas políticas.
Durante su visita al mercado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, explicó la importancia de estos apoyos. "Es necesario apoyar a los locatarios porque era su forma de vida y porque, como se dijo acá, llevaban por herencia incluso estos negocios. Eso ya no se puede. No podemos seguirlo haciendo", afirmó. Señaló que, aunque la ley obliga a la eliminación de este giro comercial, la administración capitalina optó por respaldar a los comerciantes con recursos públicos para mitigar el impacto en su sustento.
Brugada detalló que cada locatario afectado por la prohibición recibirá $50 mil pesos como apoyo directo, sin necesidad de ser un crédito. Adicionalmente, se anunciaron créditos de $50 mil pesos sin intereses y otros de hasta $100 mil pesos con una tasa preferencial del 3%, administrados por el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso). Estos recursos, especificó, deberán ser utilizados exclusivamente para fortalecer los nuevos giros de negocio, y el programa incluye asesoría y seguimiento para asegurar una transición exitosa. La jefa de Gobierno enfatizó que lo ocurrido en el Mercado de Sonora sienta un precedente crucial para todos los mercados públicos de la ciudad, los cuales deberán garantizar espacios libres de venta, compra y exhibición de animales.
Por su parte, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelin Parra, informó que, a pesar de haber defendido jurídicamente a los locatarios durante el litigio de ocho años –argumentando derechos adquiridos basados en un reglamento de mercados de 1951–, la sentencia obligó a establecer el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para el cese de la venta de animales. Parra destacó que la decisión de no prolongar el litigio fue producto de una "voluntad política" para cumplir la ley y evitar confrontaciones con los comerciantes, asegurando que el cambio de giro se logró a través del diálogo y el acompañamiento institucional, y no por imposición coercitiva.
"Acá tampoco íbamos a aventarnos una pelea, una guerra con los locatarios, porque también son trabajadores."
La alcaldesa anunció que la alcaldía realizará una inversión de $10 millones de pesos para la rehabilitación integral del mercado, abarcando trabajos en fachada, techumbres, pasillos, instalaciones eléctricas y áreas comunes. Las nuevas cédulas de empadronamiento se entregaron rápidamente, y los giros autorizados para los locales ahora incluyen accesorios y alimentos para mascotas, estética canina, herbolaria, artículos místicos y religiosos, artesanías, productos naturales, cerámica, jarcería, artículos para fiestas y alimentos preparados, entre otros.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, subrayó que el proceso fue resultado de reuniones coordinadas entre su secretaría, la alcaldía, la Secretaría de Desarrollo Económico y los locatarios. Afirmó que la eliminación de la venta de animales no fue una decisión discrecional, sino un estricto cumplimiento de la Constitución federal, la Constitución de la Ciudad de México y el artículo 25 de la Ley de Protección y Bienestar Animal, que prohíbe la venta de animales vivos en mercados públicos. Este tipo de regulaciones que impactan el comercio son cada vez más comunes, y como ejemplo, se ha reportado que 60% de las empresas en Quintana Roo incumplen con la Ley Silla.
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