¿Qué pasó con la 'Ley Silla' en Quintana Roo? Más de la mitad de las empresas inspeccionadas en el estado caribeño aún no cumple con la Ley Silla, una normativa crucial para garantizar el descanso periódico de las y los trabajadores. Esta situación ha llevado a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) a iniciar procedimientos administrativos y posibles sanciones económicas, según confirmó su titular, Verónica Salinas Mozo, en un contexto donde el sector empresarial, como la Canaco en el sur de Quintana Roo, también ha expresado inquietudes laborales.
Las cifras son alarmantes: al menos el 60 por ciento de las empresas que han sido objeto de inspección en Quintana Roo no acata la disposición. La Ley Silla, que entró en vigor el año pasado, establece como fecha límite diciembre de 2025 para su plena aplicación. En el estado, existen mil 548 empresas obligadas a cumplir con esta legislación, la cual busca mejorar las condiciones laborales y prevenir afectaciones a la salud de los empleados.
Las inspecciones, realizadas de forma constante por la STyPS, han revelado un panorama de incumplimiento generalizado. Como resultado, ya se han iniciado alrededor de 40 procedimientos administrativos contra empresas que mantienen el incumplimiento, principalmente en los municipios turísticos y comerciales como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal, las zonas con mayor concentración empresarial y, por ende, de revisiones. La autoridad laboral subraya que el objetivo no es meramente punitivo, sino lograr la regularización.
Las sanciones por no cumplir con la Ley Silla, contempladas en la Ley Federal del Trabajo, oscilan entre 250 y 5 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS). Esto se traduce en montos que van desde los $29 mil pesos hasta los $560 mil pesos, dependiendo de la gravedad y la reincidencia del incumplimiento. Actualmente, los procedimientos se encuentran en la fase de notificación y requerimiento. Es importante recordar que el nuevo valor de la UMA en México para 2026 impactará directamente en estas multas.
Entre las justificaciones más frecuentes presentadas por los empleadores, la secretaria Salinas Mozo destacó argumentos como la demora en la llegada del mobiliario o su espera por paquetería. Sin embargo, la funcionaria fue enfática al señalar que estas excusas no eximen a las empresas de su responsabilidad, ya que el plazo legal para acatar la normativa venció en diciembre pasado. La STyPS reitera que su prioridad es fomentar una cultura de prevención y respeto a los derechos laborales.
La importancia del descanso periódico para evitar afectaciones a la salud de las personas trabajadoras está respaldada por estudios de la Organización Internacional del Trabajo. La Ley Silla busca precisamente proteger este derecho fundamental para garantizar entornos de trabajo dignos y productivos, alineados con las mejores prácticas internacionales.
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