¿Qué pasó con la protección de la información sensible en investigaciones? El diputado federal de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, Eduardo Gaona, ha lanzado una iniciativa crucial para endurecer las sanciones contra servidores públicos que filtren datos, imágenes, videos, audios o cualquier material gráfico o audiovisual relacionado con carpetas de investigación. Esta propuesta busca establecer penas de prisión para quienes comprometan la integridad de los procesos judiciales y la dignidad de las personas involucradas, con un enfoque particular en la salvaguarda de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La iniciativa presentada por Eduardo Gaona plantea reformar el Código Penal Federal para imponer penas de entre cuatro y diez años de prisión a los funcionarios que divulguen información confidencial. Dicha información incluye cualquier dato que revele, de manera directa o indirecta, condiciones personales o circunstancias sensibles de la investigación, así como la identidad de las víctimas. El legislador enfatizó la necesidad de proteger a los grupos más vulnerables, como las mujeres y los menores de edad, quienes frecuentemente son revictimizados por estas prácticas.
Gaona destacó que, pese a los avances en la procuración de justicia, la filtración de material de investigaciones es una 'práctica extendida entre policías y funcionarios públicos'. Esta conducta no solo atenta contra los derechos fundamentales, sino que también genera una profunda indignación social al vulnerar la dignidad de las víctimas y sus familias.
Como un doloroso antecedente, el diputado recordó el caso de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio en 2020. Las imágenes de su feminicidio fueron filtradas y ampliamente difundidas en diversos medios, provocando una condena generalizada y evidenciando la urgente necesidad de una legislación específica. Gaona subrayó que, lamentablemente, el Código Penal Federal carece de una disposición expresa para sancionar este tipo de filtraciones, lo que ha creado una laguna jurídica y ha dificultado la aplicación homogénea de justicia a nivel nacional.
Este tipo de filtraciones contribuye a la cifra récord de feminicidios en estados como Yucatán, ya que la difusión de información sensible puede estigmatizar y dañar a las víctimas indirectas.
La propuesta de Movimiento Ciudadano busca cerrar este vacío legal y fortalecer los mecanismos para asegurar el acceso a la justicia. 'Es importante resaltar que este tipo de propuestas ayudan a lograr el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y a fortalecer los elementos para juzgar con perspectiva de género', concluyó el legislador. La protección de datos e imágenes en las investigaciones es fundamental para preservar la dignidad de las víctimas y garantizar un proceso judicial justo y equitativo, un paso crucial para la confianza pública en las instituciones. Además, esta iniciativa se alinea con los esfuerzos para prevenir la violencia, como los que se ven en el endurecimiento de penas por delitos sexuales contra menores en Guerrero.
Recibe las 5 noticias más importantes de cada mañana, directo en tu correo.
