¿Qué pasó con las políticas de prevención del suicidio en Campeche? La respuesta, según las cifras oficiales de 2025, es un rotundo fracaso. El estado experimentó un preocupante incremento del 13 por ciento en los casos de suicidio en comparación con el año anterior, evidenciando un retroceso significativo en materia de salud pública, a pesar de los programas anunciados por la administración estatal.
Este alarmante aumento se da en un contexto de turbulencias financieras dentro de la **Secretaría de Salud del Estado de Campeche**. La **Auditoría Superior del Estado de Campeche** emitió observaciones por más de $30 millones de pesos correspondientes a las cuentas públicas de 2022, mientras que las del ejercicio 2023 permanecieron pendientes de informar. Esta falta de transparencia y los señalamientos de irregularidades coinciden con el deterioro de los indicadores relacionados con la prevención y atención de la salud mental.
Los registros de la propia Secretaría de Salud y de la **Fiscalía General del Estado de Campeche** son contundentes: en 2025 se contabilizaron 93 suicidios, una cifra que contrasta drásticamente con los 80 casos registrados en 2024. Las estadísticas subrayan la persistencia de un problema que requiere atención urgente y programas de asistencia y seguimiento profesional, acciones que, a la luz de los datos, no se apreciaron con la efectividad necesaria por parte de la administración.
El desglose por género revela que los hombres continuaron siendo el grupo con mayor incidencia. En 2025, el 76.3 por ciento de los suicidios correspondió a hombres, con 71 casos, mientras que 22 fueron mujeres. La situación en 2024 no fue diferente, con los hombres representando el 80.5 por ciento de los casos (66 registros) y 14 mujeres, lo que demuestra un patrón constante que demanda estrategias preventivas específicas y una distribución equitativa de recursos.
El aumento del 13 por ciento en los suicidios no es solo un número; es el reflejo de una falla sistémica en las políticas de prevención que deberían estar activas. A pesar de los programas de salud mental que, en teoría, debían fortalecerse, la realidad apunta a una falta de efectividad o de alcance. La escasa infraestructura, la falta de personal especializado y la estigmatización alrededor de los problemas de salud mental son factores que podrían estar contribuyendo a esta crisis. El sector salud en la región, en general, enfrenta desafíos, como se ha visto en otras entidades donde los trabajadores de salud siguen sin recibir pagos o beneficios, lo que impacta directamente en la calidad y continuidad de los servicios.
La sombra de las observaciones de la Auditoría Superior del Estado por $30 millones de pesos en la Secretaría de Salud es un elemento crucial en esta problemática. La falta de claridad sobre el destino de los recursos y la ausencia de informes sobre las cuentas de 2023 generan serias dudas sobre la gestión y priorización de fondos. Es indispensable que el dinero destinado a la salud, especialmente a programas tan vitales como la prevención del suicidio, sea ejercido con transparencia y eficiencia. La correlación entre la gestión deficiente de fondos y el retroceso en indicadores de salud mental sugiere que la rendición de cuentas es tan importante como la implementación de programas.
La situación en Campeche es un claro llamado a las autoridades estatales para que revisen y reformulen sus estrategias de salud mental. Es imperativo que se asignen recursos adecuados y se implementen programas con un enfoque integral que incluya detección temprana, apoyo psicológico accesible y seguimiento profesional. La transparencia en el manejo de los recursos públicos es fundamental para recuperar la confianza y asegurar que las políticas públicas tengan el impacto deseado. Mientras otros estados, como Quintana Roo, declaran el 'Año de la Salud' para 2026, Campeche se enfrenta a una dura realidad que exige medidas concretas y responsables para salvaguardar la vida de sus ciudadanos.
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