¿Qué pasó con el Congreso de Morelos? La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha vuelto a poner en evidencia al Congreso de Morelos, exhibiéndolo por su reiterado incumplimiento en el pago de pensiones a trabajadores del estado. El ministro presidente Aguilar Ortiz calificó la situación como un 'problema estructural' tras la invalidación de un decreto que ordenaba cubrir una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin transferencia previa de recursos.
La resolución de la controversia constitucional 234/2024 marca otro capítulo en una problemática que, según el ministro presidente, ya suma más de 550 controversias constitucionales ante la Corte. 'Es evidente que se trata de un tema reiterado', afirmó Aguilar Ortiz, quien recordó que, de los 220 asuntos pendientes de cumplimiento al inicio de la actual integración, se han resuelto cerca de 100.
El origen de este persistente conflicto reside en la Ley del Servicio Civil de Morelos, que curiosamente asigna al Congreso del Estado funciones propias de un organismo de seguridad social en materia de pensiones. Este diseño ha generado un patrón repetitivo: primero, los trabajadores obtienen un decreto de pensión vía juicio de amparo; luego, el pago no se concreta; y finalmente, el asunto escala a una controversia constitucional ante la SCJN. El ministro presidente lamentó que la Corte se haya convertido, en la práctica, en 'gestores del recurso con el cual se debe pagar al trabajador del estado'.
Paradójicamente, entre 2008 y 2010, la propia Suprema Corte ya había declarado la inconstitucionalidad de varias disposiciones de dicha ley. Sin embargo, al tener efectos solo entre las partes, estas normas no fueron eliminadas del sistema jurídico y siguen aplicándose, perpetuando el ciclo de incumplimiento. Ante este escenario, el ministro presidente propuso al Pleno estudiar la posibilidad de establecer lineamientos o directrices que permitan a Morelos resolver el problema de fondo y evitar futuras judicializaciones. 'Quinientas cincuenta controversias son muchísimas, y todo apunta a que vamos a seguir recibiendo controversias de esta naturaleza', advirtió.
La reciente sentencia de la SCJN se dio en favor del Poder Judicial del Estado de Morelos. La controversia constitucional 234/2024 fue promovida por dicho Poder Judicial en contra del Congreso local, que había emitido el Decreto 1,970. Este decreto ordenaba el pago de una pensión por cesantía en edad avanzada con cargo al presupuesto del Poder Judicial, sin la correspondiente transferencia de recursos.
Durante la sesión pública del 06 de enero, el Pleno determinó que el artículo segundo del Decreto 1,970 vulneró el principio de división de poderes, ya que imponía una obligación presupuestal a un poder distinto del que emitió la norma. El ministro ponente, Irving Espinosa Betanzo, enfatizó que la Corte ha mantenido reiteradamente que la autonomía presupuestal es fundamental para la independencia judicial. 'El Congreso otorgó una pensión con cargo al presupuesto del Poder Judicial sin transferirle previamente recursos, lo que constituye una violación grave al principio de división de poderes', subrayó Espinosa Betanzo.
La sentencia de invalidez se limita a la porción normativa que obligaba al Poder Judicial a realizar el pago, garantizando que los derechos de la persona pensionada no se vean afectados. En consecuencia, la Corte ordenó al Congreso de Morelos corregir el decreto, clarificar quién debe cubrir la pensión y, en su caso, realizar la transferencia de los recursos necesarios. El ministro Espinosa Betanzo aclaró que la inconstitucionalidad no se debió al monto, sino al acto legislativo que dispuso unilateralmente de recursos de otro poder sin su intervención.
Para evitar futuras controversias, el proyecto también instruye al Congreso local a que, en la emisión de futuras pensiones, señale desde el propio decreto la fuente de pago, asegurando la autonomía presupuestal de otros órganos autónomos. La resolución fue aprobada por mayoría de siete votos y deberá publicarse en el Semanario Judicial de la Federación, buscando sentar un precedente para poner fin a este problema recurrente de incumplimiento de pagos que afecta a los trabajadores. La SCJN espera que esta decisión impulse al estado de Morelos a encontrar una solución definitiva y estructural, evitando que más casos de incumplimiento en pagos a trabajadores terminen en los más altos tribunales del país.
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