¿Qué pasó con el aumento salarial en Tapachula? El incremento salarial del 13% aplicado a nivel nacional, que elevó el ingreso diario de $280.80 pesos a $315.04 pesos a partir del 1 de enero, solo beneficiará directamente al 40% de los trabajadores de Tapachula. Más de la mitad de la población laboral de esta ciudad fronteriza, sumida en la informalidad, no verá mejoras en sus ingresos, pero sí sufrirá el encarecimiento de la vida cotidiana.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 54.4% de la población ocupada en Tapachula trabaja en el sector informal. Esto posiciona a la ciudad como el cuarto lugar nacional con la mayor tasa de empleo informal, solo por debajo de Tlaxcala (67.6%), Acapulco (62%) y Oaxaca (58%).
Alfredo de la Cruz Cordero, de la asociación civil Nueva Generación Vinculación Social, subraya la magnitud de este problema. La población económicamente activa en Tapachula asciende a 201 mil 258 personas, de las cuales 193 mil 006 (95.9%) tienen alguna ocupación. Sin embargo, 109 mil 484 personas de ese universo sobreviven en la informalidad, sin contratos, sin seguridad social, sin prestaciones y, crucialmente, sin la garantía de recibir un salario mínimo. Para este sector mayoritario, el aumento salarial es una noticia lejana, ya que no existen recibos de nómina que reflejen el ajuste ni patrones obligados a cumplir con la nueva disposición.
'La mayoría de los tapachultecos no verán ningún beneficio con el aumento salarial, ya que la mayoría se emplea en la informalidad, situación que agrava la crisis que enfrentan las familias, quienes cada vez sufren para subsanar sus necesidades básicas', abundó De la Cruz Cordero.
Aunque el beneficio directo no llegará a todos, el impacto indirecto sí será generalizado, según Isabel Méndez Hernández, presidenta de la Asociación de Mujeres para la Liberación Nacional. El alza al salario mínimo suele ir de la mano con incrementos en los precios de bienes y servicios básicos, como la canasta básica, el transporte, la renta y otros productos de primera necesidad.
'En una economía local donde más de la mitad de los trabajadores vive al día, cualquier ajuste en los precios representa un golpe directo al bolsillo. Para quienes no recibirán el aumento, la ecuación es simple y preocupante: mismos ingresos, mayor costo de vida', externó Méndez Hernández.
Este fenómeno genera una paradoja social: una política salarial diseñada para combatir la pobreza laboral termina, en contextos de alta informalidad como el de Tapachula, profundizando la desigualdad entre quienes gozan de un empleo formal y quienes subsisten al margen del sistema. Esto se agrava con la presión migratoria que vive la región, como lo demuestran cifras recientes sobre venezolanos en México, cuya mayoría se concentra en la frontera sur.
Teodomiro Vázquez Castillo, secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria del Estado de Chiapas, enfatiza que la alta informalidad en Tapachula no es un fenómeno aislado, sino el resultado de factores estructurales. Su condición de ciudad fronteriza, la presión migratoria, la falta de inversión productiva, la debilidad del sector industrial y la escasa generación de empleos formales han configurado un mercado laboral frágil y desigual.
'Hay muchos factores que agravan la situación de la población, ya que no hay fuentes de empleos en donde los tapachultecos puedan incorporarse de manera formal, por ello, el aumento al salario no tendrá un impacto positivo', acotó Vázquez Castillo.
El verdadero reto, reitera Méndez Hernández, no es solo aumentar el salario mínimo, sino generar las condiciones para que más personas accedan a empleos formales con derechos, estabilidad y seguridad social. Sin políticas integrales que impulsen la formalización, el desarrollo económico local y la atracción de inversión, medidas como el aumento salarial corren el riesgo de ser meros paliativos que no alcanzan a quienes más lo necesitan. Esta problemática se suma a la ya existente situación de vulnerabilidad laboral en el estado, donde se han reportado más de 200 mil niños trabajadores en Chiapas, evidenciando una crisis estructural profunda.
En Tapachula, más del 50% de la población trabajadora no verá reflejado el incremento en su ingreso, pero sí enfrentará el aumento de precios que se avecina. Esta es la realidad que hoy viven miles de familias: trabajar mucho, ganar poco y cargar con los costos de decisiones que, aunque bien intencionadas, no consideran las profundas desigualdades del mercado laboral local. La discusión sobre el salario mínimo, aunque necesaria, deja al descubierto una deuda histórica: mientras la informalidad siga siendo la norma, cualquier mejora salarial seguirá beneficiando solo a una parte de la población, dejando al resto a merced de una economía cada vez más cara y desigual.
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