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fiscalía de corea del sur pide pena de muerte para expresidente

La Fiscalía surcoreana solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por insurrección tras su intento de ley marcial en 2024. Un caso histórico con sentencia en febrero.
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La Fiscalía surcoreana solicitó la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por insurrección tras su intento de ley marcial en 2024. Un caso histórico con sentencia en febrero.
Sofía Hayes
13 enero, 2026

¿Qué pasó con Yoon Suk-yeol? La Fiscalía de Corea del Sur ha solicitado este martes la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol, acusándolo de insurrección tras su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Esta histórica petición se realizó durante el último día de su juicio en el Juzgado del Distrito Central de Seúl, marcando un precedente significativo en la política surcoreana.

Un intento por aferrarse al poder

Los fiscales argumentaron que Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial con el claro objetivo de mantenerse en el poder de manera prolongada, buscando controlar los poderes judicial y legislativo. Subrayaron la extrema gravedad de sus acciones, al haber movilizado recursos del Estado que debían destinarse al bienestar público. El caso, que recuerda a otras tensiones políticas internacionales, como cuando el presidente Nicolás Maduro fue objeto de un controvertido proceso en Nueva York, destaca la fragilidad de los sistemas democráticos. Según la agencia surcoreana Yonhap, la aplicación de la pena máxima es, sin embargo, poco probable, dado que Corea del Sur mantiene una moratoria de facto sobre las ejecuciones desde hace casi 40 años.

El tribunal tiene previsto emitir su sentencia a principios de febrero. El Gobierno surcoreano actual ha reaccionado ante la situación, declarando que espera que la Justicia actúe conforme a la ley, los principios democráticos y las expectativas de la ciudadanía, subrayando la independencia del poder judicial en este proceso.

Múltiples cargos y un precedente histórico

Yoon Suk-yeol enfrenta una serie de cargos graves, incluyendo dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción de la justicia, ayuda a un enemigo y perjurio. Todos estos delitos están directamente relacionados con la imposición del estado de excepción, una medida que el entonces presidente justificó como una acción necesaria para proteger al país de supuestas “fuerzas antiestatales”.

En total, 24 personas han sido acusadas en este caso de gran repercusión. Entre los implicados se encuentran figuras prominentes como el ex primer ministro Han Duck-soo, quien será el primero en recibir sentencia a finales de enero, así como el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia y el exministro de Defensa. La ley marcial, decretada el 3 de diciembre de 2024, fue rápidamente revocada horas después por el Parlamento, lo que finalmente condujo a la destitución de Yoon en abril de 2025 y a la celebración de nuevas elecciones presidenciales en junio del mismo año. Este juicio no solo busca justicia, sino que también establece un claro precedente sobre los límites del poder ejecutivo y la defensa de la democracia en Corea del Sur, en un contexto global donde las relaciones internacionales y el respeto a la soberanía, como cuando Sheinbaum y Lula rechazaron la intervención de EE. UU. en Venezuela, son temas de constante debate.

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