
¿Qué pasó con los casos de pensión alimenticia en Yucatán? El Poder Judicial del Estado de Yucatán ha dado un paso significativo al iniciar una serie de reuniones de trabajo con la colectiva Ley Sabina contra Deudores Alimentarios Yucatán. Estos encuentros buscan revisar a profundidad los casos ya judicializados para asegurar la protección de los derechos de las infancias, una problemática que ya ha llevado a acciones como la vinculación a proceso de deudores alimentarios en la región.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Erika Torres López, fue la encargada de recibir a un grupo de representantes de la colectiva, demostrando el interés institucional en la materia. Durante la reunión, la magistrada presidenta estuvo acompañada por el magistrado Hernán Vega Burgos y el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Carlos Alamilla Mena.
En su intervención, Torres López, quien también es madre trabajadora, reconoció la difícil carga que enfrentan muchas mujeres cuando no reciben el apoyo de quienes legalmente deben proporcionar alimentos. Por ello, reiteró el compromiso del Poder Judicial de Yucatán de colaborar, dentro de sus facultades y respetando la ley, para atender y resolver estas problemáticas familiares que impactan directamente a niñas, niños y mujeres.
Entre las representantes de la colectiva Ley Sabina que participaron en el encuentro se encontraban Maelvy Adriana Tun Góngora, Pamela Alejandra Magaña Castro, Nahaibi Mayté Cetina Magaña, Karla Andrea Vázquez Vega, Yajaira Agustina Cardona Te, Evelyn Salomé Vázquez Caamal y Rocío Siloé Fuentes Cardeña. Durante la reunión, que tuvo una duración aproximada de dos horas y se realizó en la Sala de Usos Múltiples del Centro de Instituciones Operadoras del Sistema Penal Oral y Acusatorio (Ciospoa), las mujeres expusieron sus inquietudes y las dificultades que enfrentan en sus procesos legales.
Compartieron experiencias de violencia vicaria, física, psicológica, económica e institucional que han sufrido ellas y sus hijas e hijos. Ante esto, la magistrada Torres López instruyó que los casos y expedientes radicados en los juzgados del Poder Judicial sean revisados a través de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Sistematización de Precedentes, designando al titular de dicha área como enlace institucional directo con la colectiva.
Finalmente, se anunció que estas reuniones de trabajo tendrán continuidad. De manera paralela, se fortalecerá la comunicación y la colaboración con otras instancias vinculadas a la procuración e impartición de justicia. El objetivo primordial de estas acciones es garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de los derechos de las infancias en Yucatán. Estas acciones en Yucatán se suman a un contexto nacional donde los temas de pensiones son recurrentes, con instancias como la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhibiendo a congresos estatales por incumplimientos relacionados.
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