
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto sobre la mesa una ambiciosa propuesta de reforma electoral, la cual estará lista en febrero para su análisis en el Poder Legislativo. El objetivo principal, según afirmó la mandataria, es garantizar la representación de las minorías y fortalecer la democracia en México, al mismo tiempo que se busca reducir significativamente los altos costos del sistema electoral.
Sheinbaum Pardo enfatizó el interés del pueblo en disminuir los gastos asociados a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), así como el costo general de las elecciones, sin que esto comprometa su operación. En un claro pronunciamiento, destacó que 'las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así; debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo'.
Esta declaración resuena con la postura de la presidenta en otros temas sensibles. De hecho, ha manifestado previamente que la intervención extranjera no ayuda a la democracia ni resuelve la violencia, subrayando la importancia de soluciones internas y consensuadas para los desafíos del país.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la creación de un mecanismo para poner fin a las listas de cargos de representación proporcional —o plurinominales— elaboradas por las cúpulas de los partidos políticos, en caso de que esta figura continúe. La presidenta busca así mayor transparencia y una genuina representación ciudadana. Además, se pronunció por garantizar más participación de la ciudadanía a través de la democracia participativa, mediante consultas donde la población decida asuntos relevantes de su comunidad en los órdenes estatal y municipal.
'Hay que fortalecer la consulta pública, eso permite que el ciudadano, el pueblo de México, acceda a la toma de decisiones. La democracia finalmente es la representación del pueblo; es el poder del pueblo', afirmó Sheinbaum Pardo. La propuesta también incluirá la elección directa de representantes por parte de mexicanos en el exterior, eliminando la intermediación de los partidos, y ajustará el número de personas regidoras, buscando una estructura más eficiente y cercana a los ciudadanos.
Un aspecto fundamental que la presidenta subrayó es que la propuesta 'no quitará autonomía al INE'. Esta aclaración busca disipar preocupaciones y enfatiza que la reforma busca optimizar el sistema, no socavar la independencia de las instituciones electorales. 'Es una propuesta que le va a gustar a todos; fortalece nuestro sistema electoral y garantiza la democracia; la democracia electoral, la democracia participativa, esencialmente. Va a ser una propuesta muy razonable', sentenció.
Actualmente, otros temas en análisis son el fuero para legisladores y la fiscalización de recursos en procesos electorales, aspectos que complementan la visión de una democracia más justa y transparente. La jefa del Ejecutivo federal destacó la importancia del diálogo con todas las fuerzas políticas, un proceso que se ha iniciado con foros en el país y conversaciones encabezadas por la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, antes de la discusión final que tendrá lugar en el Congreso de la Unión. Este proceso de diálogo es crucial para la legitimidad de la reforma, similar a los esfuerzos en otros estados para fomentar la participación ciudadana en procesos electorales, como los foros sobre revocación de mandato en Oaxaca.
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