San Cristóbal de Las Casas, Chis.— Una grave escalada de violencia se reportó en el municipio de Zinacantán, Chiapas, donde once indígenas evangélicos fueron brutalmente detenidos y agredidos por pobladores católicos. La agresión, ocurrida en las comunidades de Pinal Salinas y Tzajalnab, es una represalia por su negativa a aceptar cargos religiosos y contribuir económicamente a festividades católicas, en un conflicto que se arrastra desde hace más de cuatro años.
Los afectados, miembros de la Iglesia del Séptimo Día, denunciaron que la persecución no es nueva. Durante este largo periodo, las familias protestantes han sufrido cortes de servicios básicos como energía eléctrica y agua, así como el bloqueo de caminos que impide el tránsito. La situación se ha vuelto insostenible, llegando incluso a prohibir la asistencia de sus hijos a la escuela primaria Lázaro Cárdenas, todo con el objetivo de forzarlos a abandonar su fe.
La tensión se intensificó el pasado 15 de septiembre, cuando se les dio un ultimátum de una semana para abandonar sus hogares. Aunque la intervención del alcalde José Martínez Pérez logró frenar la expulsión inmediata, el asedio y las amenazas de muerte persisten, según reportó Antonio Vázquez Méndez, secretario de la organización Manos a la Obra. Vázquez Méndez enfatizó que este es 'un asunto de fe, no un problema comunitario', y que las cooperaciones religiosas están siendo condicionadas al acceso a servicios vitales como el agua y la luz.
Karen Ruiz Gómez, una de las habitantes de Pinal Salinas y denunciante, relató el momento de la agresión. Aproximadamente 20 personas participaban en un culto al aire libre cuando vecinos católicos, que vigilaban la zona, bloquearon el paso con un vehículo conducido por una persona en estado de ebriedad. Posteriormente, una máquina arrojó grava en el lugar mientras más gente se sumaba para documentar el acto religioso. 'Las autoridades locales exigieron hablar con los vecinos de Tzajalnab que acudieron a solidarizarse. En ese momento detuvieron a Francisco y golpearon a otro compañero que tomaba fotografías', detalló Ruiz Gómez afuera de la Fiscalía Indígena en San Cristóbal, donde acudió para presentar la denuncia formal. Su esposo, Lorenzo Moisés Hernández Pérez, y su suegro, Mariano Hernández Guillén, también fueron agredidos y detenidos.
En total, la comunidad mantiene retenidas a once personas, varias de ellas con heridas visibles. La condición para su liberación es clara y alarmante: renunciar a su religión. Karen Ruiz Gómez fue contundente al respecto: 'Aceptamos desempeñar cargos comunitarios, pero no los de su iglesia'. Las víctimas y sus representantes exigen que el Estado garantice la libertad de culto, un derecho fundamental que parece olvidado en esta región de Chiapas, donde la violencia y la impunidad son un flagelo recurrente.
Ante la gravedad de los hechos, Antonio Vázquez Méndez urgió a las autoridades estatales a intervenir de inmediato. Instó a abrir una mesa de diálogo para resolver el conflicto de manera pacífica o, en su defecto, aplicar la ley para asegurar la liberación de los retenidos y proteger los derechos de los indígenas evangélicos. La comunidad internacional y los organismos de derechos humanos están atentos a la situación en Chiapas, un estado donde la implementación de estrategias de paz es crucial para garantizar la convivencia armónica entre sus diversos pueblos y creencias.
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