Más de 2.1 millones de líneas telefónicas móviles en México ya han sido registradas vinculando su identidad a una persona física o moral, un avance significativo en la estrategia nacional para combatir delitos como la extorsión, el fraude y los secuestros virtuales facilitados por el anonimato. Así lo informó José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, durante la mañanera presidencial.
Peña Merino detalló que hasta el momento, 2 millones 151 mil 802 números han completado este proceso. Esta medida, impulsada por la Ley de Telecomunicaciones de 2025, busca eliminar la facilidad con la que los delincuentes operaban a través de chips desechables y no rastreables, situación que convertía a México en uno de los pocos países sin este tipo de control. La inhabilitación de líneas por extorsión ya es una realidad en varios estados, mostrando la efectividad de estas acciones.
El registro de las líneas telefónicas se ha diseñado para ser accesible y seguro. Los usuarios pueden realizar el trámite de manera presencial, presentando su INE en los centros de atención de su compañía, o en línea a través del portal de su operador. El proceso en línea incluye la carga de una foto de identificación oficial, una 'prueba de vida' (movimiento facial para validar la identidad) y la verificación mediante un mensaje SMS. Es importante destacar que, una vez confirmada la identidad, las fotos de validación se eliminan, y los datos biométricos no son almacenados.
Para aquellos usuarios que adquirieron chips antes del 9 de enero, el plazo para realizar el registro es hasta el 30 de junio. Las nuevas líneas, en cambio, requieren registro inmediato al momento de la compra. Además, se están desarrollando plataformas que, en aproximadamente dos semanas, permitirán a los ciudadanos consultar, mediante su CURP, los últimos cuatro dígitos de las líneas telefónicas asociadas a su identidad, facilitando la detección y reporte de números no reconocidos directamente con las empresas.
Peña Merino hizo hincapié en que este registro fortalece las investigaciones penales al permitir identificar a los responsables de delitos, sin que esto implique una vigilancia masiva o la creación de un padrón centralizado por parte del gobierno. Cada empresa telefónica es responsable de resguardar los datos de sus usuarios, y solo serán accesibles por orden judicial, conforme al Código Penal Federal, en casos de delitos específicos.
'Los datos están seguros; solo los jueces pueden acceder a ellos en caso de delitos', afirmó Peña Merino, descartando cualquier riesgo a la privacidad de los usuarios.
La iniciativa proyecta que el número de líneas registradas siga aumentando para alcanzar los cerca de 120 millones de líneas en el país, lo que se espera derive en una reducción significativa del anonimato criminal y, por ende, de ciberdelitos, siguiendo la experiencia de otros países con esquemas de registro similares. A pesar de algunos retos técnicos, el avance es firme. Reportes sobre fallas en el registro con CURP son atendidos por las compañías para asegurar una transición fluida.
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