La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha logrado la restitución de 430 inmuebles a sus legítimos dueños durante 2025, tras ser decomisados por el delito de despojo y no contar con investigación activa. Esta acción representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado que utiliza este delito para afectar a la ciudadanía, especialmente a familias vulnerables y adultos mayores.
Durante la presentación de su informe de actividades, la institución destacó que el delito de despojo se encuentra estrechamente vinculado con grupos delictivos, lo que ha llevado a poner un énfasis especial en las carpetas de investigación que presentan estas características. La fiscal Bertha Alcalde subrayó que estas acciones representan un contundente golpe a las estructuras criminales, aunque optó por no mencionar nombres específicos.
Asimismo, la FGJ obtuvo 41 sentencias de extinción de dominio en inmuebles que estaban ligados a delitos de alto impacto y que eran utilizados por el crimen organizado. Esta cifra reflejó un incremento del 71 por ciento en la extinción de dominio en comparación con 2024. El anuncio se realizó en un acto en el Museo de la Ciudad de México, donde la fiscal estuvo acompañada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada; el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, y la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy.
Datos proporcionados por la Secretaría de Gobierno capitalina revelan que, gracias a la intervención del gabinete contra el despojo, de abril a diciembre de 2025 se atendieron 4 mil 71 denuncias relacionadas con este ilícito. Durante ese periodo, se iniciaron 399 expedientes por despojo, se llevaron a cabo 290 operaciones en diversos inmuebles, lo que derivó en la restitución de 94 predios a sus legítimos dueños y el aseguramiento de 10 más, además de realizarse nueve detenciones.
La FGJ ha logrado establecer un modus operandi recurrente en la capital para desalojar predios. Este incluye la simulación de compra-venta, a través de la usurpación de identidad y la creación de juicios falsos, una práctica conocida como fraude procesal. También se han detectado despojos inmobiliarios mediante la falsificación de documentos o instrumentos notariales y la inscripción registral de legitimidad dudosa.
Este diario informó el pasado 8 de septiembre sobre cómo la mala actuación de ministerios públicos, la complicidad de actuarios e incluso de notarios, han facilitado la comisión del delito de despojo en la capital del país, donde participan redes criminales integradas por grupos organizados y hasta asociaciones civiles, mostrando la complejidad de este flagelo.
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