La justicia, aunque lenta, ha demostrado ser implacable en Oaxaca. Tras casi tres décadas de evadir la ley, J. L. M., quien fuera policía judicial en los años noventa y actualmente fungía como elemento activo de la Policía Municipal de Pinotepa Nacional, fue finalmente capturado el jueves 15 de enero en un operativo coordinado que puso fin a su prolongada huida.
La tensión se apoderó de la colonia Guadalupe Santiago en Pinotepa Nacional al ver el despliegue de fuerzas federales y estatales. El arresto del agente, que portaba el uniforme municipal, se ejecutó por una orden de reaprehensión que data de 1997, revivida por la Fiscalía de Oaxaca por un caso de lesiones con arma de fuego ocurrido en la región de la Costa.
El expediente judicial detalla que en 1997, un individuo identificado como G. A. B. resultó gravemente herido tras un disparo, supuestamente percutido por el entonces policía judicial. La sentencia de aquel año fue clara: una multa, reparación del daño y otras obligaciones que J. L. M. ignoró por completo. Desde ese momento, el proceso legal quedó inconcluso, mientras el acusado continuó su carrera en diversas corporaciones de seguridad, burlando a la autoridad que una vez representó. Este incidente resalta una problemática persistente en el estado, donde la vigilancia de los antecedentes de los cuerpos de seguridad es vital, en un contexto donde también se han reportado casos como la denuncia de acoso y omisión en la vicefiscalía de víctimas de Oaxaca.
La reactivación de la orden de aprehensión fue posible gracias a nuevas revisiones jurídicas que confirmaron la vigencia de la sentencia. Con esta base legal, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) orquestó un operativo meticuloso en conjunto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Marina, la Guardia Nacional y la Seguridad Pública estatal. La coordinación entre estas fuerzas es un reflejo de la seriedad con la que las autoridades abordan los delitos de larga data, una acción que se contrapone a los desafíos que enfrentan otros cuerpos de seguridad, como las noticias sobre ataques a policías en Colima y Michoacán.
La captura se realizó con precisión. J. L. M. fue localizado sobre la calle 16 Poniente, en la colonia Guadalupe. Testigos presenciales observaron cómo el policía municipal fue abordado por los agentes que, sin necesidad de emplear la fuerza, lo aseguraron para cumplir con el mandato judicial pendiente desde hace casi tres décadas.
Una vez detenido, J. L. M. fue inmediatamente trasladado y puesto a disposición de la autoridad que lo había reclamado desde 1997. Este paso marca el inicio de la fase final de un proceso judicial largamente postergado, donde el ex policía judicial finalmente enfrentará las consecuencias que la ley le había impuesto por sus acciones. La resolución de este caso envía un claro mensaje sobre la persistencia de la justicia y la importancia de que ningún ciudadano, sin importar su posición, pueda eludir sus responsabilidades legales indefinidamente.
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