La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ha logrado un auto de vinculación a proceso contra el exalcalde de San Juan Lajarcia, Alfredo Hernández Velásquez, y dos exfuncionarios más, por el grave delito de violencia política de género. Esta acción judicial surge de la denuncia de una regidora que acusó obstrucción y agresiones en el ejercicio de su cargo durante el periodo 2023-2025.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), inició tras la valiente denuncia de Gabriela “N”, exregidora de Hacienda. En su testimonio, la víctima detalló los obstáculos enfrentados para el ejercicio de sus funciones, además de sufrir violencia verbal y psicológica basadas en estereotipos de género. Se reportaron “maltratos y exclusión deliberada en la toma de decisiones del cabildo”, lo que puso de manifiesto un patrón de abuso de poder. Este caso se suma a una serie de acciones judiciales en el estado, como la reciente detención del presidente municipal de Constancia del Rosario, que reflejan un esfuerzo por combatir la impunidad.
Durante la audiencia, la FGEO presentó los elementos de prueba que permitieron imputar a los exservidores públicos. El juez dictó el auto de vinculación a proceso por el delito de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, en apego al artículo 20Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Los imputados han sido identificados como A.H.V. (Alfredo Hernández Velásquez), J.A.A.M. (José Ángel Arreola Martínez, exsíndico) y R.F.R.S. (Rey Fernando Robles Sánchez, exregidor de Obras Públicas). Todos ellos formaron parte del cabildo municipal de San Juan Lajarcia, en el distrito de San Carlos Yautepec, junto con la regidora afectada.
El expediente documenta una serie de acciones que impidieron el ejercicio pleno de los derechos políticos de la regidora, lo que fundamentó la intervención de la FEDE. Este logro judicial es un paso crucial para la aplicación de la legislación en materia de violencia política y en la defensa de los derechos de las mujeres en la vida pública. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ha reafirmado su compromiso con la protección de estos derechos para garantizar el libre desarrollo y ejercicio de los cargos públicos. Sin embargo, en un contexto de constantes desafíos, la Fiscalía también ha enfrentado denuncias por acoso y omisión en la viscefiscalía de víctimas, mostrando los retos que aún persisten en la institución. La continuación del proceso legal sentará un precedente importante para casos similares en Oaxaca y la región, enviando un mensaje claro sobre la intolerancia a estas conductas.
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