La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) ha dado de baja definitiva a dos de sus elementos de más alto rango: el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, efectivo desde el 18 de diciembre, y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, desde el 11 de septiembre. Ambos marinos están en el ojo del huracán por su presunta vinculación con una sofisticada red de tráfico ilegal de hidrocarburos.
Las acusaciones contra los hermanos Farías Laguna detallan su participación en un esquema que facilitaba el ingreso al país de combustible robado procedente de Estados Unidos, utilizando simulaciones de importaciones para encubrir la operación. Esta red de 'huachicol' ha llevado al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna a enfrentar un proceso penal por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.
La defensa de los acusados, liderada por el abogado Epigmenio Mendieta, ha refutado las implicaciones de las acciones tomadas por la Semar. Argumentan que la prisión preventiva dictada contra Manuel Roberto Farías Laguna no debe equipararse a una condena, ni mucho menos, a la pérdida automática de sus derechos laborales, pues la presunción de inocencia prevalece hasta no tener una sentencia firme. En un caso similar, la búsqueda de justicia por delitos de larga data a veces requiere procesos complejos, como se vio en la captura de un ex policía judicial en Oaxaca tras 27 años de huida.
Fuentes del gabinete de seguridad revelaron que, a pesar de su situación legal, el vicealmirante Farías Laguna continuó recibiendo salarios y otras percepciones económicas hasta el 18 de diciembre, fecha de su baja definitiva. Por otro lado, su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se encuentra prófugo de la justicia, vio suspendidos todos sus beneficios como integrante de la Semar desde el 11 de septiembre.
La defensa insiste en que, a través de diversos recursos de amparo, se ha exigido el respeto irrestricto a los derechos laborales y constitucionales de sus representados. Subrayan que las medidas cautelares aplicadas en el proceso penal no constituyen sanciones y que la situación jurídica de un marino no puede equipararse a la de un empleo ordinario, por lo que no debería resolverse con decisiones precipitadas que anticipen veredictos finales.
Este caso pone de manifiesto la continua lucha contra el 'huachicol' y la corrupción dentro de las instituciones. La presunta implicación de altos mandos de la Secretaría de Marina resalta la complejidad de combatir estas redes criminales que socavan la seguridad y la economía del país. Apenas recientemente, la FGR aseguró más de 50 mil litros de combustible ilegal en Veracruz, demostrando la persistencia de este delito a nivel nacional.
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