La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desatado controversia al iniciar la renovación de su parque vehicular, adquiriendo una camioneta Jeep Cherokee nueva para cada uno de sus nueve ministros. Cada unidad tiene un valor en el mercado que oscila entre $1 millón 70 mil pesos y $1 millón 777 mil pesos, sin incluir posibles adecuaciones como blindaje, lo que representa una inversión millonaria en plena discusión sobre la austeridad en el sector público.
La decisión, anunciada ayer, fue justificada por el alto tribunal como una medida indispensable por razones de seguridad. Según la SCJN, los vehículos anteriores, modelos 2019 y 2020, "ya no cumplían los estándares adecuados de seguridad", comprometiendo la operación de los ministros. Este reemplazo forma parte de un proceso más amplio de renovación de la flotilla, aunque el número total de unidades no ha sido especificado.
En una tarjeta informativa, la Corte explicó que "La SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministros, con la compra de nueve vehículos. Esta determinación contó con opiniones técnicas emitidas por autoridades federales, concluyéndose que las unidades en uso ya no cumplían los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. Por tanto, la adquisición de los vehículos responde a criterios de prevención, seguridad institucional y no a consideraciones discrecionales.”
Para respaldar esta medida, la Corte se apoyó en una norma interna: el Acuerdo General de Administración 2019. Su artículo 32 permite el reemplazo de vehículos de apoyo a la Dirección General de Seguridad una vez que hayan cumplido cuatro años de servicio o antes, si sus condiciones no son seguras, previa evaluación de la misma dirección.
La institución enfatizó que esta compra se llevó a cabo “de manera paralela al proceso de desincorporación de un parque vehicular mayor al adquirido”, reafirmando su “compromiso con una gestión responsable del gasto público y el uso racional de los recursos, sin comprometer las condiciones de seguridad para el ejercicio de la función jurisdiccional”. Sin embargo, la asignación de vehículos de alta gama a funcionarios públicos sigue siendo un punto recurrente de debate en México, donde otras esferas del gobierno buscan reducir el gasto corriente, como la polémica sobre el pago de pensiones a maestros jubilados de Nuevo León que exigen $800 millones de pesos.
Este tipo de decisiones por parte de organismos autónomos como la SCJN, a menudo enfrentan el escrutinio público, especialmente en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son demandas constantes. Casos como el de un exalcalde de Oaxaca vinculado a proceso por violencia política de género, ponen de manifiesto la necesidad de mantener altos estándares éticos y de uso de los recursos en todos los niveles de la administración pública.
La adquisición de estos vehículos de lujo reabre el debate sobre el equilibrio entre la seguridad necesaria para altos funcionarios y la percepción de austeridad y responsabilidad en el uso de los fondos públicos. Mientras la SCJN insiste en la necesidad operativa y de protección, la ciudadanía y diversos actores políticos a menudo cuestionan la magnitud de tales gastos en comparación con las necesidades generales del país.
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