Ejidatarios de Carrizalillo han alzado la voz contra la presunta intervención del ciudadano chileno Hugo Vergara, a quien acusan de sabotear las negociaciones con la minera Equinox Gold y de intentar desestabilizar la mesa de autoridades ejidales. Esta denuncia podría poner en riesgo los avances significativos que se habían logrado para un nuevo convenio de arrendamiento, exacerbando la tensión en la comunidad.
La comunidad de Carrizalillo ha señalado directamente a Vergara, quien funge como responsable de relaciones comunitarias de Equinox Gold, de propiciar la creación de un "grupo de choque" con el objetivo de desestabilizar el comisariado ejidal, actualmente encabezado por José Luis Rodríguez. Los ejidatarios afirman que esta injerencia viola el Artículo 33 de la Constitución Política de México, que prohíbe a extranjeros inmiscuirse en la vida interna del ejido.
Las negociaciones previas, mediadas por el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, habían mostrado un progreso considerable. La diferencia entre la propuesta de la empresa y la exigencia de la comunidad se había reducido a un margen mínimo. La empresa ofreció un pago de arrendamiento de hasta 2.7 onzas de oro anuales por hectárea, mientras que los ejidatarios solicitan 3 onzas, una propuesta que, según ellos, podría cubrirse con el material semiprocesado que posee la mina.
Existe evidencia en forma de audios grabados donde el ciudadano chileno presuntamente instruye a un grupo de ejidatarios para desestabilizar la asamblea y buscar el desconocimiento de la actual mesa del comisario, con el fin de nombrar a una afín a sus intereses y restablecer la relación total con la empresa. Esta situación ha generado una fuerte demanda por parte de los ejidatarios, quienes exigen al Gobierno Federal la expulsión inmediata de Hugo Vergara del país por su actuar que "viola gravemente la constitución política de México", buscando "imponer un convenio de arrendamiento a través del grupo de choque".
El último diálogo entre la empresa y los comuneros, aunque actualmente suspendido, reveló la posibilidad de un acuerdo. Los ejidatarios, que hasta 2024 recibieron 6.9 onzas de oro por hectárea rentada, han aceptado una reducción superior al 50 por ciento, dado que la empresa pretende reducirlo a 2.5 onzas. Argumentan que, a pesar de la supuesta disminución en la capacidad de producción, aún existen 4.9 millones de onzas recuperables bajo el suelo del complejo minero.
Además de la cuestión del arrendamiento, en la mesa de negociación también se discutió el tema de las sanciones impuestas por la Profepa. La empresa propuso aportar $1,000 dólares anuales por hectárea para la atención de daños, una oferta que los ejidatarios consideran insuficiente. Una contrapropuesta está siendo analizada, pero su avance se condiciona a la remoción de la "injerencia del chileno Hugo Vergara". La comunidad de Carrizalillo busca resolver este conflicto que afecta su autonomía y sus legítimas demandas, tal como otras comunidades que han recurrido a la denuncia ciudadana para hacer valer sus derechos.
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