Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado ha oficializado un nuevo incremento en las tarifas del transporte público en la ruta que conecta la cabecera municipal de Coita con el fraccionamiento Bonampak. Tras una reunión con concesionarios y representantes de usuarios, se acordó una tarifa general de $13 pesos, mientras que estudiantes pagarán $9 pesos y adultos mayores y personas con discapacidad $6.50 pesos.
La decisión surge después de que los transportistas expusieran la necesidad de ajustar los costos, argumentando que las tarifas se habían mantenido sin cambios por varios años, a pesar del incremento sostenido en la canasta básica y los costos operativos. Este acuerdo, según las autoridades, se basa en el tabulador que marca la ley en materia de transporte, buscando conciliar las demandas de los operadores con las posibilidades de los usuarios.
Este ajuste de tarifas pone fin a un periodo de conflicto en el fraccionamiento, y se espera que las labores de transporte se restablezcan con normalidad. Sin embargo, la medida reaviva la preocupación sobre el impacto económico en una de las entidades con mayor índice de pobreza en el país.
El incremento en Coita-Bonampak no es un hecho aislado en la región. Desde el pasado 3 de enero, la ruta Berriozábal-Tuxtla Gutiérrez experimentó un alza de hasta cuatro pesos, elevando el costo del pasaje a entre $26 y $28 pesos. En menos de tres años, la tarifa en esta ruta ha aumentado $10 pesos, evidenciando una tendencia preocupante para los usuarios chiapanecos.
La situación se agrava al considerar que, hasta 2023, Chiapas era uno de los estados con menor uso del transporte público para ir al trabajo, con solo un 23.8% de la población utilizando este medio. Esta cifra, que representa a cerca de 2 millones 319 mil 432 trabajadores, empleados informales y estudiantes que residen cerca de la capital, esconde una realidad más compleja. A pesar de ser el estado con el mayor porcentaje de población en pobreza, donde 4 millones 185 mil 590 personas viven en esta condición, el bajo uso del colectivo no significa que las familias tengan vehículos propios, sino que refleja la falta de infraestructura adecuada y modelos de desarrollo urbano que incentiven su uso, así como un poder adquisitivo limitado que afecta la movilidad diaria.
Esta dinámica subraya la presión constante sobre el bolsillo ciudadano en la entidad. Contextos similares de desafíos económicos se viven en otras partes del país, como lo demuestran las exigencias de pagos pendientes por parte de maestros jubilados en Nuevo León, que también resaltan la lucha por la estabilidad económica en diversos sectores.
"El aumento en el transporte impacta directamente a las familias de menores ingresos, quienes ya enfrentan los desafíos de una canasta básica en constante alza", señaló un representante de usuarios durante la reunión.
El desafío para las autoridades de Chiapas radica en equilibrar la viabilidad económica de los transportistas con la capacidad de pago de una población vulnerable, garantizando un servicio de movilidad accesible y digno para todos.
Recibe las 5 noticias más importantes de cada mañana, directo en tu correo.
