Chetumal, Quintana Roo.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA) ha puesto en marcha una nueva estrategia para combatir los cientos de tiraderos de basura clandestinos que asedian selvas, predios urbanos y áreas naturales protegidas en Quintana Roo. Pese a la magnitud del problema, la dependencia, encabezada por Alonso Lemmer Meyer, ha recibido únicamente unas 50 denuncias formales en los últimos años, una cifra calificada como mínima ante el severo daño ambiental.
La iniciativa de la PPA no solo se centrará en la vigilancia, sino que también buscará la capacitación y concientización de volqueteros y empresas del sector para erradicar esta práctica ilegal. Lemmer Meyer explicó que la procuraduría ha intensificado las visitas de inspección, exigiendo a las empresas la Manifestación de Impacto Ambiental y los programas de manejo de residuos, documentos obligatorios para operar.
Sin embargo, el procurador admitió que la proliferación de estos vertederos se debe, en gran medida, a la falta de denuncias ciudadanas y a la operación irregular de prestadores de servicios que actúan sin los permisos necesarios de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA). Estos operadores clandestinos recolectan residuos y los abandonan en predios baldíos, terracerías y calles, agravando la crisis ecológica.
De acuerdo con datos de la PPA, en los últimos tres años se han identificado entre 50 y 65 predios con residuos que derivaron en procedimientos administrativos, pero esta cifra dista mucho del total real de tiraderos existentes. “Sabemos que hay cientos, pero solo en unos 50 casos se ha logrado abrir un expediente por denuncia o inspección directa”, lamentó el funcionario.
En 2025, se iniciaron entre 20 y 25 procedimientos contra bancos de materiales y empresas de manejo de residuos. De estos, entre cuatro y cinco fueron clausurados por carecer de autorización ambiental, mientras que el resto enfrentó sanciones por irregularidades técnicas o incumplimiento de condicionantes. Lemmer Meyer criticó a algunas empresas que “se confían” y piensan que una autorización inicial las exime de obligaciones y reportes periódicos.
“No tenemos patrullas ni personal suficiente para estar en la calle sorprendiendo a quienes tiran residuos en flagrancia. Dependemos en gran medida de la denuncia ciudadana, y ahí es donde estamos fallando como sociedad”, enfatizó el titular de la PPA, señalando una de las principales limitaciones operativas de la procuraduría.
Sobre los señalamientos en redes sociales respecto a desarrollos inmobiliarios en Benito Juárez, la PPA aclaró que algunos se relacionaron con estudios de mecánica de suelos, aunque mantienen revisiones constantes sobre la Manifestación de Impacto Ambiental y el cumplimiento de autorizaciones. Sin embargo, organizaciones como Greenpeace han alertado sobre los daños ambientales de la inversión inmobiliaria en la región.
La nueva estrategia de la PPA busca reducir la reincidencia y cerrar el paso a operadores irregulares mediante el refuerzo de la capacitación y concientización dirigida a volqueteros, sindicatos y empresas. Sin embargo, la contradicción es palpable: mientras la contaminación avanza por cientos de focos clandestinos, la respuesta institucional se ve mermada por la escasez de denuncias, evidenciando un desafío colectivo para preservar el entorno natural de Quintana Roo. La colaboración ciudadana es crucial, tal como demuestran otras problemáticas que requieren la denuncia para evidenciar fallas en servicios y abusos.
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